La Procuraduría General de la República deberá investigar a fondo la matanza de civiles en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, registrada el 30 de junio de 2014.
El juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, pidió a la PGR dejar de ser omisa en las investigaciones.
Con ello el juez le concedió ese recurso legal a Clara Gómez, madre de una menor víctima de la masacre, quien ha exigido una investigación completa sobre lo ocurrido, incluida la alteración de la escena por parte de militares, la dilación de la procuraduría estatal y la actuación y órdenes de los mandos del Ejército.
De acuerdo con información del diario El País, el juez consideró fundada la solicitud de amparo que reclamaba “[…] que la autoridad ministerial, en la integración, ha omitido realizar una investigación efectiva y eficaz de los mismos, así como de la orden militaren la que se establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo relativo a la cadena demando y unificar la investigación”, según dice el documento publicado por el medio español.
En la sentencia, el juez señala dos puntos cruciales del caso: la responsabilidad de la cadena de mando y un oficio divulgado un año después de lo ocurrido que mostraba la sorprendente ligereza de los mandos militares respecto al uso de las armas de fuego, destaca el diario.
El juez solicitó a la PGR consideró que también “se tiene acreditado la omisión de investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad”.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 51/2014, acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo de la Procuraduría General de la República y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas por este delito.
