REDACCIÓN
Obligar a los ciudadanos a que participen en los procesos electorales crea democracias artificiales, por lo que es mejor generar incentivos para quienes participen en los comicios, señaló la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.
La diputada priista, señaló la necesidad de que los resultados electorales brinden a quienes resulten electos una mayor legitimidad, por lo que propuso reformas que permitan otorgar incentivos a quienes participen en los procesos electorales, acudiendo a las urnas.
En ese sentido la legisladora por el estado de Yucatán señaló que “hay que ejercer nuestro derecho al voto y premiar a quien lo haga”, y propuso reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Federal de Derechos.
Dijo que criminalizar y castigar al ciudadano por no votar es un contrasentido, “la propuesta es que mejor se den incentivos a quienes ejercen su derecho al sufragio”, lo cual es un derecho y una obligación, al mismo tiempo, ya que así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ejemplo, planteó, algunos de los incentivos pueden ser para que quienes voten tengan preferencia frente a quienes injustificadamente no sufragaron, en casos de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones pública de educación superior.
Otra de las ventajas para los ciudadanos votantes es que podrían tener una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del Servicio Militar Nacional; o bien, ser elegidos en la adjudicación de becas educativas en concursos abiertos; un descuento de 10 por ciento en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación.
Otro aliciente, dijo, es obtener un descuento de hasta el dos por ciento al Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo a las condiciones y modalidades que la legislación en la materia establezca, y no pagar el derecho a la reposición de la credencial de elector.
En su propuesta de reforma, la diputada priista mencionó que en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay establecieron el voto obligatorio como una medida para reducir las tasas de abstencionismo.
Sin embargo, aclaró, “cualquier reforma punitiva a nadie obliga a participar en procesos electorales en los que no están de acuerdo, por lo tanto, de nada serviría hacerlo obligatorio; eso crea democracias artificiales, además de que ensancha la brecha de confianza entre el ciudadano y su gobierno”.
