REDACCIÓN
La voluntad política que mostró el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ofrecer una Comisión Nacional de Búsqueda, sin límite de recursos para encontrar o dar información a las familias de los 40 mil desaparecidos que dejaron los dos gobiernos anteriores, podría verse truncada ante cuestiones administrativas.
Esta reflexión que realiza Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, revela que dicha Comisión “ni siquiera tiene Internet en las oficinas, no tienen ni teléfonos; nos preocupa que las trabas administrativas terminen bloqueando una voluntad que sí mostró públicamente el presidente”.
Desde el punto de vista de diversas organizaciones, el Gobierno federal tiene la posibilidad de dar vuelta a la historia de impunidad, violencia y maltrato que a lo largo de 12 años se ha ejercido contra las víctimas si se mejoran las políticas públicas y se aplican los recursos de forma adecuada.
Lamentó que hasta ahora no se tengan datos certeros acerca de los 40 mil desaparecidos y las más de 300 mil muertes violentas, “pues lo que nunca logramos saber es cuántos de ellos son migrantes. Las cifras en este periodo te hablan de que hay años en que el flujo de migrantes llega a ser hasta 400 mil personas por año”.
Son familias que no tienen cómo llegar a México a hacer una denuncia, que recibieron ataúdes cerrados sin ningún tipo de documento que acreditara que habían sido identificados, que enterraron estos restos con un acto de fe creyendo que eran sus familiares, pero que los siguen buscando vivos”, expresó.
En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador reinstaló la Comisión Nacional de Búsqueda con un presupuesto de 400 millones de pesos para 2019, sin embargo y de acuerdo con Lorena Delgadillo, algunas agregadurías de la Fiscalía General de la República (FGR) se han cerrado en países centroamericanos aun cuando funcionaban para que familiares de migrantes desaparecidos pudieran interponer denuncias.
Mencionó que entre los logros del tema migrante -el que atañe a la fundación- se logró el Mecanismo de Apoyo Exterior, es decir, un instrumento de justicia transnacional para que se facilite a través de las embajadas y consulados mexicanos la búsqueda y la reparación integral de las víctimas sin importar el territorio donde se encuentren.
“Parece ser que Relaciones Exteriores no está muy enterada del impacto humano que pueden tener estas agregadurías para las víctimas que están en otros países. Nos parece que el Estado Mexicano no se ha dado cuenta de que ha sido precursor de estos mecanismos que no existen en ninguna región y que no les ha sacado el provecho debido para mostrarlo incluso a otras regiones”.
En su experiencia de 20 años como defensora de derechos humanos, consideró que es momento de que las víctimas dejen de ser vistas como enemigas del sistema, que se creen políticas públicas y que se deje atrás la impunidad como la que se mostró con el secuestro de 40 migrantes en Tamaulipas en marzo de este año.
“En la medida en que no se investiguen a las redes crimínales y a los servidores públicos que han participado o han tolerado el nivel de violencia que llegó el país, estamos destinados a que esto siga ocurriendo”.
Sentencias no significan justicia
La ex subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría capitalina aseveró que en la medida en que a un familiar se le da un trato digno en los procesos se colabora para materializar la palabra justicia.
“En la medida en la que una familia obtiene justicia hay una parte que sana, hay una parte que se recupera, hay una parte que descansa”, exclamó Lorena Delgadillo.
Sin embargo son muy pocos los casos que la alcanzan, pues entre los logros y trabajos de la fundación se encuentran los que han quedado en el olvido de los mexicanos: los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; las 47 fosas con 195 restos en el mismo lugar en 2011; y los 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
“Puedo decir que a la fecha en los tres casos de masacres que acompañamos, no hay una sola sentencia. En el caso de Cadereyta ni siquiera hay personas detenidas”, subrayó la también ex directora del Área de Verdad y Justicia de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
En reportes de 2009 y 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que ocurrieron cerca de 20 mil secuestros de migrantes en cada uno de esos años en un lapso de seis meses, un argumento más para que exista una fiscalía que “rompa con la simulación” y que investigue redes criminales.
“Esto sucede en México pero hay una corresponsabilidad del triángulo norte de Honduras, El Salvador y Guatemala porque las redes de traficantes empiezan desde allá”, añadió la representante de la fundación creada el 1 de abril de 2011 para acompañar a migrantes y familias en la búsqueda de justicia y derecho a la verdad.
