REDACCIÓN
El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, dijo que más allá de su tipificación, es necesario que se analice y se apruebe una ley general de personas en situación de desplazamiento interno forzado, para una auténtica protección de las víctimas.
Al participar en la en la Mesa de análisis en materia de desplazamiento forzado interno, organizada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, recordó que las víctimas no cuentan con una categoría legal como personas desplazadas, por tanto, carecen del régimen de protección que otorga el derecho internacional.
El desplazamiento forzado interno, expuso el titular de la CEAV, es una realidad innegable en México, y lo primero que se debe hacer es reconocer el fenómeno, para poder resolverlo de manera profunda.
En un comunicado, indicó que la Ley General de Víctimas menciona y reconoce al “desplazamiento”, sin llamarlo “forzado interno” (artículo quinto y séptimo), como un elemento de especial atención y relevancia.
En este marco, reconoció el esfuerzo de la Cámara de Diputados de identificar este fenómeno social como delito, aunque consideró que es insuficiente debido a la situación actual, ya que constituye también una violación de derechos humanos.
Resaltó que en días recientes un Tribunal Colegiado resolvió un amparo en el que señala que la CEAV tiene la capacidad de registrar y reconocer a personas en situación de desplazamiento interno como víctimas de derechos humanos, lo cual es novedoso.
Sin embargo, abundó, requiere una serie de elementos de protección para que se defina quiénes son las personas que están en una situación de desplazamiento forzado y con ello no invadir facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por ello, reiteró, “es urgente tipificarlo a fin de generar plenas condiciones de respeto institucional de protección y acompañamiento a las víctimas de desplazamiento interno forzado”.
Rochín del Rincón indicó que al no existir un pleno reconocimiento del desplazamiento, no hay un marco jurídico de protección, “por ello consideramos que el gobierno actual debe reconocer y crear el marco normativo que proteja a las víctimas de esta violación de derechos humanos”.
El Comisionado Ejecutivo destacó la importancia de la elaboración de políticas públicas, el fortalecimiento de las capacidades del Estado frente a la magnitud del fenómeno de desplazamiento.
Remarcó que mientras no funcione a plenitud el Sistema Nacional de Víctimas y sólo se deje la atención a una sola institución, no habrá capacidad de atenderlas.
“La atención debe ser articulada con todas las instituciones que permitan dar un acompañamiento integral desde el ámbito de gobierno local, hasta el federal, pasando por todas las instancias que puedan coadyuvar a recuperar los proyectos de vida”, añadió.
