Redacción
Ante el notable incremento en el costo de las rentas de vivienda registrado en los últimos años, el Gobierno de la Ciudad de México ha presentado una propuesta de reforma al Código Civil con el objetivo de limitar el aumento anual de las rentas, de modo que no exceda la tasa de inflación, en lugar del 10% permitido actualmente.
La propuesta incluye modificaciones no solo al Código Civil sino también a la Ley de Vivienda, a través de tres medidas principales: la construcción de vivienda para renta por parte del Gobierno local, el control de los aumentos de los costos de alquiler de acuerdo a la inflación, y la creación de un registro digital de los contratos de arrendamiento.
Estas reformas surgieron tras un foro sobre rentas de vivienda organizado por las autoridades capitalinas la semana pasada, en el cual se destacó que entre 2007 y 2023, el costo de los alquileres aumentó ocho veces más que el salario general.
Durante la conferencia de prensa del lunes, el jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó datos comparativos que mostraron que el precio de la vivienda aumentó tres veces más que la inflación acumulada entre 2013 y 2019. Esto resalta la necesidad de una intervención para proteger a los inquilinos.
Entre las propuestas de reforma, se incluye la modificación del artículo 2448 D del Código Civil, que actualmente permite un incremento máximo del 10% en la renta mensual para ciertos contratos. La nueva propuesta sugiere que este incremento no supere la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior.
Además, se plantea la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento, administrado por el gobierno, para proporcionar seguridad tanto a arrendadores como a arrendatarios, facilitando el conocimiento y la sistematización de los acuerdos.
Otra modificación importante es la incorporación de una fracción 17 al artículo 1 de la Ley de Vivienda, que incluiría la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible como una de las disposiciones generales, destinada a apoyar a personas con menores ingresos. Asimismo, se sugiere reformar el artículo 59 de la misma ley para que el Gobierno, a través de Seduvi y el Invi, fomente programas y esquemas de vivienda asequible para sectores vulnerables.
