La naturaleza del Derecho al Consumo es la de asegurar la subsistencia de las personas y exige la construcción de un Estado constitucional, solidario, humanista y comprometido con la defensa de los derechos humanos a plenitud, que regule las relaciones económicas y dé respuesta a las tensiones entre el capital, el trabajo y la producción.
La pandemia provocada por el COVID-19 ha enfatizado la importancia del Derecho al Consumo, el cual se encuentra ligado a la capacidad adquisitiva de la ciudadanía en sus diversos estratos sociales y demanda garantizar el trabajo y un salario dignos, por lo que en estos momentos es necesario realizar una profunda revisión de los distintos modelos económicos, en los que destaca la voracidad del capitalismo, que ha menguado la situación económica de las personas.
Así lo consideraron las y los participantes del Seminario Internacional “El asedio de la pandemia de COVID-19 a los derechos humanos: desafíos mundiales para el Estado constitucional”, organizado por la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), al abordar el Derecho al Consumo.
Por ello, en el marco de la pandemia, urgieron a los administradores del Estado y a los productores de riqueza, a poner especial atención en las personas consumidoras vulnerables -niños, niñas, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, desempleados-, quienes deben ser sujetos de una protección especial para tener garantizado el mínimo vital de subsistencia.
Asimismo, lamentaron que en diversos países latinoamericanos, las políticas públicas para la garantía de un piso mínimo de subsistencia para las y los habitantes, no se estén atendiendo con la urgencia que se requiere.
Las y los expertos constitucionalistas, entre ellos el presidente de la Codhem, doctor Jorge Olvera García, coincidieron en que la economía de los países es fundamental para asegurar el derecho al consumo, por ello se pronunciaron porque el Estado se asuma como un ente solidario y subsidiario para asegurar el bienestar de los más vulnerables, pues un Estado endeudado se traduce en un pueblo frágil y vulnerable; sin embargo, reconocieron que la contratación de deuda pública debe ser un tema de atención prioritaria y de suma ponderación, a efecto de garantizar los derechos de las y los consumidores.
Así, los integrantes de la RIEC se pronunciaron porque en el marco de la pandemia, el Estado estimule la competencia económica, fortalezca el consumo interno y atraiga inversiones extranjeras directas. En este tenor, aseveraron que los órganos constitucionales autónomos que intervienen en la regulación de la competencia económica y fijación de precios, tienen una relevancia innegable en el contexto del Estado regulador.
Por lo anterior, los especialistas en estudios constitucionales de México, Brasil, Colombia, Venezuela, España y Francia, hicieron un llamado para que las atribuciones y competencias especializadas de dichos órganos se aseguren como elementos esenciales que consoliden al Estado constitucional, pues “es indispensable cerrar el paso a cualquier intento por socavar su naturaleza y autonomía mediante la imposición de visiones de concentración del poder, así como ante ideologías de austeridad económica o político-partidistas.”
