domingo, diciembre 22, 2024
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Avala Congreso la suspensión de programas sociales por periodo electoral

Lilia González

Por unanimidad y acatando la ley electoral, el Congreso Local avaló la suspensión de programas sociales por parte del gobierno estatal y los municipales, por lo que no deberán distribuir apoyos sociales ni económicos 38 días previos a la jornada electoral.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura (JUCOPO), refiere que durante el periodo comprendido del 27 de abril al 4 de junio del año en curso, las autoridades estatales y municipales, así́ como los legisladores locales, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza.

A la par, se indica que serán sujetos a infracciones las autoridades o las servidoras y los servidores públicos de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público, que utilice programas sociales y recursos del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a las ciudadanas y los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

En este sentido, el líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elías Rescala Jiménez afirmó que el acuerdo de suspender todos los programas sociales se dio de mutuo acuerdo dentro de la JUCOPO.

“La legislatura estará pendiente para que se respete la ley y el llamado es que se abstengan de enviar o entregar apoyos sociales todos aquellos entes de gobierno para que pueda la gente libremente decidir sobre cuál opción política es la mejor”, señaló.

De igual manera, se precisa que salvo esta medida, las autoridades estatales seguirán desarrollando las funciones y servicios públicos necesarios para la atención y desarrollo de la población de acuerdo con su normatividad y en apego a las disposiciones electorales.

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