Lilia González
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 por 3 mil 541 millones, de los cuales, el 60% corresponderá a erogaciones vinculadas al Proceso Electoral y el 40% al gasto ordinario del Instituto.
“Este proyecto considera la estimación financiera para que el Instituto pueda cumplir el próximo año con sus atribuciones bajo estrictas medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. Hoy tenemos la solicitud de presupuesto más baja que haya conocido este Consejo General para un año de elecciones Congresionales y Municipales”, señaló la presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez y es que indicó que, si se actualizan los valores inflacionarios, se tiene que el proyecto de Presupuesto para 2024 es 2% menor que lo que se pidió para 2021, casi 3% que lo requerido para el proceso de 2018 y hasta 7% que el de 2015.
Del monto total solicitado, enfatizó que no todo corresponde al gasto institucional, pues casi 33 de cada 100 pesos solicitados corresponden a prerrogativas constitucionalmente previstas para las actividades ordinarias y de obtención del voto de los partidos políticos, además se deberán destinar 92 millones de pesos previstos en el convenio de coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Entonces, el gasto que directamente se solicita para IEEM asciende a 2 mil 295 millones de pesos, es decir, el 65% del total consignado del presupuesto. Cada año nos volvemos más eficientes y productivos”, resaltó.
Garantizó que el recurso se utilizará para cumplir responsablemente con las atribuciones del instituto, y si bien, dijo, se trata de un presupuesto austero y plenamente justificado, aclaró que en este se considera una actualización en los salarios del personal -cercano al 7%- puesto que el último aumento fue en 2017.
Así, será este viernes cuando el proyecto sea enviado al Ejecutivo para que realice la revisión correspondiente, asegurando la consejera presidenta del IEEM que tendrá disposición al diálogo de ser convocada por el gobierno estatal y/o por la Legislatura para justificar el requerimiento.
