Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco y a las autoridades estatales y federales a garantizar la protección del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. Este llamado surge luego de un recorrido realizado por periodistas y colectivos de madres buscadoras, en el cual se identificaron irregularidades que podrían comprometer la investigación en curso.
El organismo expresó su preocupación por la presencia de decenas de comunicadores y activistas dentro del inmueble mientras se llevaban a cabo diligencias oficiales. Según la CNDH, esta situación puso en riesgo la integridad de la investigación, dado que el sitio es clave para esclarecer hechos relacionados con actividades del crimen organizado, entre ellas, su posible uso como campo de adiestramiento y crematorio clandestino.
Desde el 19 de marzo de 2025, visitadores y peritos de la CNDH han realizado inspecciones en el rancho Izaguirre, en coordinación con la Fiscalía de Jalisco, con el objetivo de documentar hallazgos y garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a la normativa vigente. Durante estas diligencias, el organismo constató que, al día siguiente, un amplio número de personas ingresó sin restricciones al área asegurada, lo que vulneró los protocolos de resguardo.
La CNDH destacó que la preservación del lugar debe apegarse a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Asimismo, señaló que el personal presente en el sitio observó cómo se rompió el cerco de protección, situación que compromete la recolección de indicios y evidencia fundamental para la investigación.
Se reportó la presencia de aproximadamente 200 personas y 67 medios de comunicación en el rancho, además de representantes de diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía de Jalisco, la Comisión Nacional y Local de Búsqueda, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de la vigilancia perimetral a cargo de esta última, el resguardo ministerial del sitio no se mantuvo de manera efectiva.
