Lilia González
En comisiones legislativas, las y los diputados avalaron ajustar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México con los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsando así una legislación mexiquense a la vanguardia.
La iniciativa del Poder Juncial fue presentada al pleno el pasado martes, pero este jueves logró su análisis y la aprobación del dictamen, sosteniendo que lo que se busca con esto, es evitar que haya una sentencia en contra del Estado de México que ordene a la legislatura hacer reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
“Esto dará cuenta de dos cosas; primera, que el Estado de México está pendiente de los criterios de última generación de la Corte y actúa con eficiencia interinstitucional, y segundo, da cuenta de la extraordinaria relación y la fortaleza de sus instituciones”, señaló el presidente del tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar.
Entre los temas que aprobaron fue: establecer temporalidad en las sanciones que se pueden imponer a servidores judiciales de cometer alguna falta; fijar la pauta de que las sanciones económicas, deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados; y agregar el principio de que no pueden imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
“Las normas de acceso y permanencia en el Poder Judicial no deben ser discriminatorias, ni contravenir el principio de reinserción social, es decir, si ya se fue sancionado y ya cumplió con su sanción, ello no los puede impedir de aspirar a otro cargo dentro de la judicatura”, comentó tras explicar que actualmente se impide de manera injustificada, que las personas accedan a los cargos con base en su condición social y/o jurídica.
También, se precisa que las atribuciones del Consejo de la Judicatura para imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley, con excepción de la destitución, prescribirán en 3 años tratándose de faltas administrativas no graves y en 7 años tratándose de faltas administrativas graves.
Finalmente, Sodi Cuellar precisó que hasta el momento, la amonestación privada es la sanción mínima que se impone dentro del Tribunal y la máxima es la destitución e inhabilitación hasta por 10 años para ejercer cargos públicos.
