Lilia González
La capital mexiquense fue sede del tercer ejercicio de los Diálogos Nacionales para el análisis de las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, en donde expertos, académicos, ministros, asociaciones, colegios de abogados, personal del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales estatales aportaron puntos de vista respecto al tema “Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los trabajadores del Poder Judicial”.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, magistrados, diputados federales y locales, así como senadores, participaron en este encuentro realizado en el Poder Legislativo mexiquense en donde se habló sobre la necesidad de reducir los gastos para este poder, que la ciudadanía pueda elegir democráticamente a quienes son responsables del Poder Judicial en México en sus diferentes órganos, iniciando con los ministros, magistrados y jueces, e implementar mecanismos para impedir que el crimen organizado llegue a estos cargos.
“Para este gobierno la impartición de justicia es una de las funciones públicas esenciales y que tiene una relevancia humanista y de atención prioritaria para los ciudadanos. Como autoridades estamos obligados a garantizar el derecho de acceso a la justicia responsable y eficaz que proteja a todos, pero en especial a las personas más vulnerables”, comentó la gobernadora.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal aseguró que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad e indicó que el organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados, costaría entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos.
“Para nosotros la austeridad sí es un deber y es una política de estado. Con el inicio de la vigencia de la Reforma Constitucional las ministras y los ministros que terminen su encargo no recibirán pensiones vitalicias ni haberes de retiro como actualmente ocurre”, precisó.
Por otra parte, informó que una vez aprobada la reforma, las entidades federativas y sus legislaturas locales tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales.
En tanto, Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Federal enfatizó que esta reforma tiene un solo propósito, garantizarles a los mexicanos el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita.
Y resaltó que entre los ejes que sustentan la reforma está el que exista austeridad dentro de los Poderes Judicial, asegurando que nadie gane más que el Presidente de México, considera una posibilidad real la elección democrática de los integrantes del Poder Judicial, su periodicidad y que las convocatorias sean abiertas, así como desaparecer los fideicomisos de este poder.
