El edil fue vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad.
Por Alelhi Rodríguez
Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México, informó que el alcalde de Ocuilan, Emilio «N», vinculado a proceso por el delito de ‘privación ilegal de la libertad’, podría dejar el Penal de Tenancingo donde a la fecha permanece recluido por algunas figuras de ley que proceden de acuerdo al delito que enfrenta.
Precisó que al edil se le asocia con este ilícito, que no es lo mismo a secuestro agravado o secuestro exprés, por lo que hay posibilidad de que sus defensores soliciten la suspensión del proceso penal a prueba o el procedimiento abreviado.
“Este delito permite no necesariamente llegar a un arreglo con la víctima, pero sí permite figuras como el proceso abreviado o la suspensión del proceso a prueba y uno de los requisitos que establece la suspensión de proceso a prueba es precisamente la reparación del daño, yo supongo que eso está viendo el alcalde con sus abogados, con la parte defendida”, dijo.
Gómez Sánchez detalló que como Fiscalía se han opuesto a que la autoridad judicial conceda alguna de estas figuras, sin embargo, está contemplada en la ley y es permisible llevarse a cabo.
“Nosotros nos hemos opuesto a que la autoridad judicial le conceda la suspensión provisional del proceso a prueba, pero es una figura que está prevista en la ley y que eventualmente puede solicitarla, y la autoridad judicial se tendrá que pronunciar y por supuesto también tendrá que pronunciarse públicamente la parte ofendida”.
“Aquí esto implica que debe de haber un plan de reparación no solamente a la víctima u ofendido, un plan de reparación por la ofensa hecha a la sociedad, al bien público y eso lo determinará la justicia”.
Recientemente, al exterior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Toluca, pobladores de este municipio sureño exigieron la libertad del presidente municipal.
Es preciso mencionar que el pasado jueves estaba programada una audiencia con Emilio «N», que el fiscal refirió tuvo que ser reprogramada por algunos contagios de COVID-19 de las partes.
