Lilia González
La directora General de Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres, Diana Velázquez Sánchez informó que, de acuerdo con el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, en el año pasado 310 personas fueron víctimas de violencia vicaria.
Si bien dijo, este tipo de violencia ya está plasmada en la ley, aún existen retos por atender en el tema Judicial y Legislativo.
En el marco del Tercer Congreso Latinoamericano sobre Feminismo, Género y Derechos Humanos, Gabriela Amores Maya, abogada feminista defensora de derechos humanos de las mujeres destacó que así como el feminicidio crece, la violencia vicaria va en aumento año tras año.
Explicó que este tipo de violencia es hacia las madres utilizando a sus hijos e hijas a través de: amenazas de llevarse a los hijas o hijas, quitarles la custodia o incluso matarlos; aprovechar la presencia de los hijos para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla y amenazarla; interrumpir los tratamientos médicos o farmacológicos de niñas y niñas cuando dependan de ellos; utilizar los momentos del régimen de visitas para inventarse información dolosa acerca de las hijas o hijos o la ausencia de información durante estos días.
“El maltratador sabe que dañas o asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. La violencia vicaria ha costado mucho visualizarla, tenemos que hacer una reeducación en México para entender que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres”, indicó.
Los pendientes en el tema, dijo, siguen siendo muchos, tanto agilizarse los juicios y procesos, flexibilizar los medios de prueba, como endurecer las penas.
Hoy en día, comentó que llegar a un juicio tarda casi 2 años, refirió que las mujeres tienen mucha dificultad para levantar una alerta Amber al justificar que el papá se llevó a sus hijos e informó que en la actualidad la violencia vicaria se sanciona de 2 a 5 años de prisión, pudiéndose reducir la penalidad hasta en un 50% de admitir la culpabilidad.
“Algo que los poderes y la justicia le deben a los menores es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”, concluyó.
