Lilia González
Autoridades del Estado de México signaron tres acuerdos para mejorar y perfeccionar el acceso a la justicia, entre ellos, resalta la creación de un grupo interinstitucional de análisis para garantizar la revisión exhaustiva de casos considerados injustos de personas privadas de la libertad, además de permitir el estudio de casos por delitos de alto impacto pero que buscan acceder a la amnistía.
Durante la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, realizada en la Ciudad de Toluca y encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, titulares y representantes de los tres Poderes del Estado acordaron nuevas acciones conjuntas para garantizar una justicia pronta, completa, imparcial, independiente y el derecho de todas las personas a ser escuchadas.
“La justicia es más que un concepto, más que una palabra, es la base sobre la cual podemos construir sociedades prósperas y respetuosas de los derechos humanos y del bienestar, es un principio que asegura a cada persona ser tratada con dignidad, integridad y respeto”, refirió la mandataria.
A la par, destacó que con apoyo del Poder Judicial, a través de la Ley de Amnistía se han otorgado más de 3 mil amnistías y más de 4 mil beneficios preliberacionales, lo que ha permitido disminuir la sobrepoblación de Centros Penitenciarios y de Reinserción Social a través de procedimientos abreviados y el otorgamiento de brazaletes electrónicos como medida cautelar.
Acuerdos signados
El Consejero Jurídico del Estado, Jesús George Zamora explicó que el primer acuerdo busca que todos los casos que se consideren injustos sean analizados y valorar la posibilidad de otorgarles amnistía o algún otro instrumento legal que les garantice la justicia. “Desde este grupo revisor lo que estaremos haciendo es abrir ventanas de oportunidades para que gente que crea que sus casos han sido tratados injustamente puedan tener una oportunidad de revisión en primera instancia y segundo, tener el resultado de libertad”, dijo.
El segundo acuerdo firmado consiste en que todas las instituciones que conforman el Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, tramiten el procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso, tutelando los derechos del imputado, víctima, o del ofendido, pues hoy en día es facultad exclusiva del Ministerio Público.
Y como tercer acuerdo, avalaron que las autoridades competentes puedan analizar con perspectiva en derechos humanos las solicitudes de amnistía de quienes fueron imputados por delitos de alto impacto, puesto que tal y como fue aprobada la Ley de Amnistía del Estado, no lo permite.
