Redacción
Especialistas en políticas públicas y análisis de información plantearon que las instituciones deben aprovechar la ciencia de datos para identificar patrones, anticipar riesgos de corrupción y orientar auditorías, aunque advirtieron que las alertas generadas por algoritmos no pueden considerarse por sí mismas como pruebas para sancionar.
Durante la tercera fecha del Ciclo de Conferencias “Voces Anticorrupción”, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM), Jorge Pérez Lara y Jaime Cerdio Moisés coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo de inteligencia institucional que convierta datos en conocimiento y decisiones públicas.
Pérez Lara, director de Posgrado y de Planeación e Investigación de la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, explicó que el análisis de información permite detectar comportamientos previamente asociados con actos de corrupción y utilizar esos patrones para decidir dónde concentrar revisiones, investigaciones o auditorías.
Como referencia presentó el algoritmo “Ali”, utilizado en Brasil, que analizó más de 161 mil procesos de contratación pública y generó información para cerca de 200 auditorías vinculadas con compras por alrededor de 30 mil millones de reales. La herramienta emplea minería de textos, cruces de información e inteligencia artificial para emitir alertas sobre operaciones que requieren revisión.
El especialista precisó que una alerta de riesgo no equivale a acreditar un acto de corrupción, por lo que la investigación, la auditoría y el análisis profesional continúan como elementos necesarios antes de establecer responsabilidades. También señaló que estas tecnologías deben operar con sustento legal y bajo criterios de protección de datos personales.
Por su parte, Jaime Cerdio Moisés, director de Nexus Analytica, consideró que el reto para México consiste en transitar de un gobierno que publica información hacia un Estado inteligente, capaz de utilizar los datos disponibles para anticipar problemas y diseñar políticas públicas con base en evidencia.
Entre los ejemplos internacionales mencionó el uso de información del sistema de salud en Reino Unido, herramientas de datos aplicadas al sistema de justicia de Estonia y proyecciones económicas desarrolladas en Chile. Señaló que estos modelos pueden contribuir al combate a la corrupción siempre que mantengan como principios la protección de derechos, la democracia y la confianza ciudadana.
El encuentro se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx, con participación de representantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos estatal y otras instituciones vinculadas con el Sistema Anticorrupción.
