REDACCIÓN
La 60 Legislatura estatal, a propuesta del diputado Tanech Sánchez Ángeles, aprobó por unanimidad un exhorto a los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Jorge Olvera García, respectivamente, para que se integre la carpeta de investigación en relación a hechos presuntamente constitutivos de violencia política de género y se atienda la posible violación de derechos políticos en contra de la exsíndica de Jaltenco Yuritzi Jhosselin López Oropeza.
Al momento de hacer la propuesta en nombre del Grupo Parlamentario de morena, Tanech Sánchez calificó de relevante que la Legislatura acentúe el caso como un precedente que permita hacer de la justicia una herramienta útil para sancionar a quien violente a otra persona, y más en el Estado de México, entidad que ocupa el primer lugar en feminicidios en el país.
“En este contexto, y en el Día Internacional de la Mujer, en vez de felicitar a las mujeres les decimos que revindicamos su lucha, la respetamos y estamos obligados a legislar en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones; legislaremos en favor de la igualdad y el respeto de los derechos humanos”, expresó desde tribuna.
El caso de Yuritzi Jhosselin López Oropeza, explicó el diputado, es una muestra de violencia política del alcalde, tesorero y secretario del ayuntamiento del municipio de Jaltenco, Armando Ramírez Ramírez, José Luis Juárez Guerrero y Leopoldo Payne Ramírez, respectivamente, así como de los regidores, todos ellos de la administración de 2015-2018, tiempo en el que realizaron acciones y omisiones destinadas a menoscabar el ejercicio del cargo público para el que la exsíndica fue elegida.
La diputada Beatriz García Villegas (morena) añadió que el fin del exhorto no es solo visibilizar el caso, sino también es un llamado para coadyuvar con los grupos afectados por estos problemas, y llamó a todas las personas que han sido afectadas por la discriminación laboral y política a denunciarlo.
Sánchez Ángeles lamentó que aun cuando diferentes ordenamientos establecen sanciones aplicables a los funcionarios involucrados, estos dejaron sus cargos sin ser sancionados, por lo que expresó que es necesario que el Ministerio Público continúe con la investigación, sin omitir que los presuntos responsables pudieron incurrir en desobediencia.
Expuso que la violencia política de género en el caso fue reconocida por el Tribunal Electoral del Estado de México, autoridad que dictó sentencia imponiendo a los servidores públicos responsables la obligación de abstenerse de realizar acciones y omisiones que menoscabaran los derechos políticos de la actora, así como de respetar sus funciones como síndica y de permitir y proveer eficaz y oportunamente a la actora el acceso a toda la información y documentación relacionada con el del ayuntamiento.
Al respecto, agregó, se ordenó al ayuntamiento que en el presupuesto municipal se incluyeran tanto las prestaciones de la síndica, como recursos para la contratación y pago de salario y prestaciones del personal de la sindicatura.
También se informó de la sentencia a la Contraloría del Poder Legislativo, la Contraloría Municipal, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y la Codhem, para que, en ejercicio de sus funciones, resolvieran lo que a derecho correspondiera.
Añadió que la Sala Superior de Toluca modificó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México respecto de la sentencia mencionada, ordenando al presidente municipal, Armando Ramírez, y al secretario del ayuntamiento, Leopoldo Payne Ramírez, el cumplimiento de medidas de restitución, consistentes en proveer a la actora toda la información y documentación relacionada con el ayuntamiento; de satisfacción, relativas a ofrecer a la síndica, en sesión de Cabildo, una disculpa pública; y de no repetición, es decir, abstenerse de llevar a cabo actos de violencia política de género en contra de López Oropeza.
