Lilia González
Siendo la primera iniciativa que presenta ante el Congreso Local, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez ha propuesto adiciones al Código Penal mexiquense para castigar con hasta 10 años de prisión a quien genere un alza de precios, competencia desleal o distorsione el mercado a fin de obligar o inducir a alguien o a una unidad económica a comprar bienes o insumos a una persona o empresa específica.
Para ello, el fiscal ha propuesto la adición de los artículos 199 Bis y 199 Ter al Código Penal del Estado de México para erradicar la extorsión de la cual son objeto comerciantes y ciudadanos por integrantes del crimen organizado.
“La iniciativa tiene por objeto crear un tipo penal en el que se atienda la problemática social de coacción que ejercen grupos criminales a pequeños comerciantes para imponer condiciones de mercado” se precisa en el documento presentado ante el Pleno.
Además de los 10 años de prisión que se proponen, se anexan algunas circunstancias que podrán agravar la penalidad de este delito, siendo estas: si en la comisión de este delito participan dos o más personas, se impondrán de 3 a 5 años de prisión adicional, o bien, cuando en la comisión de este delito el sujeto activo se ostente como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso, o bien, se cometa con violencia, imponiéndose de 7 a 15 años.
“Hasta ahora no existe un tipo penal en el código sustantivo mexiquense, que se adapte a la conducta descrita, por eso es necesario llevar a cabo la adición del artículo 199 Bis del Código Penal del Estado de México”, se sostiene en el documento remitido al Congreso local.
Se indica que los integrantes del sector comercial, son sometidos, mediante amenazas a su vida e integridad, la de su familia o seres queridos, a adquirir bienes o servicios de manera monopólica, bajo condiciones adversas de mercado, lo que altera los costos de venta de productos básicos o esenciales.
Para su análisis, la iniciativa fue remitida a comisiones legislativa para que en breve sea estudiada por las y los diputados locales a efecto de ser aprobada en lo subsecuente y con ello, entrar el vigor.
