Lilia González
Al señalar que la entidad enfrenta amenazas que ponen en riesgo a los ecosistemas y la biodiversidad, tales como: el crecimiento urbano disperso y anárquico que atenta contra los suelos de conservación natural y de producción agropecuaria, las actividades económicas sin regulación, el tráfico de especies endémicas, la tala ilegal, el cambio de usos de suelo, los incendios, las plagas y las enfermedades forestales, el Gobierno del Estado de México impulsará un plan ambicioso de restauración, conservación y mejora de los bosques y del medio ambiente.
Lo anterior se subraya en el Plan de Desarrollo del Estado 2023-2029, en donde se indica que de los 125 municipios, 117 poseen superficie forestal, y de estos, 16 albergan el 50% de la superficie forestal: Chapa de Mota, Villa del Carbón, Texcoco, Ixtapaluca, Ocuilan, Zacualpan, Sultepec, Tlatlaya, Amatepec, Tejupilco, Luvianos, Temascaltepec, Valle de Bravo, Villa Victoria, Villa de Allende y San José del Rincón.
A la par, se recalca que de acuerdo con Global Forest Watch, existen 4 regiones mexiquenses con índices de deforestación clandestina severa: la región que colinda con el norte de la Ciudad de México; al oeste, en los límites con la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca en el estado de Michoacán; al sur y suroeste del Nevado de Toluca, y en la zona metropolitana del Valle de Toluca, con dirección al sureste de esa región.
De igual manera se enfatiza que en 2022, se registró la pérdida de 1 mil 310 hectáreas de bosques maderables por causa de la tala ilegal, siendo los principales municipios afectados Lerma, Ocoyoacac, Zinacantepec, Huixquilucan, Jilotzingo, Joquicingo, Xonacatlán, Atlautla, Amecameca, Ecatzingo, Villa Guerrero, Tianguistenco, Texcaltitlán, Tenango del Valle, Villa de Allende, Ocuilan, Calimaya, Temascaltepec, Villa del Carbón, Texcoco y Donato Guerra.
Ante estas amenazas, se enfatiza, la restauración, conservación y manejo del soporte natural y de sus componentes requiere reformas al marco normativo y reconocimientos de derechos ambientales, la conformación de Áreas Naturales Protegidas, la ordenación de los bosques, las plantaciones comerciales de árboles, el pago de bienes y servicios ambientales, reforestaciones, inducciones educativas tempranas en temas medioambientales, programas de reordenamiento ecológico y territorial, acuerdos gobierno – empresas – sociedad, sistemas de economía circular y estrategias de adaptación y mitigación para afrontar el cambio climático.
Por lo que el Gobierno Estatal le apostará a implementar líneas de acción como: promover iniciativas para aumentar las penas a quienes dañen el medio ambiente, a través de la tala de árboles, la basura en vías públicas o la contaminación de cuerpos de agua; realizar la reforestación más grande registrada en la entidad; restaurar los ecosistemas degradados y cuidar su recuperación; y diseñar, proponer e implementar medidas compensatorias de mitigación, en el caso de requerir del cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Además de fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE); implementar inspecciones itinerantes a las empresas para regular las emisiones de contaminantes a la atmósfera; analizar el Impuesto al Carbono en el Estado de México y vincular las obligaciones al mercado de captura de carbono; y crear el Fondo Estatal para el Cambio Climático cuyo objetivo sea captar, administrar, destinar y transparentar los recursos públicos, privados, nacionales e internacionales para financiar las acciones y proyectos de adaptación al cambio climático, así como mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
