Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de acciones penales contra Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), y Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio del instituto. Ambos enfrentan cargos por ejercicio indebido del servicio público debido a la falta de condiciones de seguridad en los centros migratorios. Esta situación llevó a incidentes como el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes y otros 25 resultaron heridos.
La FGR ya ha llevado a juicio la investigación contra los directivos del INM. Aunque no está claro si se ha solicitado una orden de arresto en su contra o simplemente una citación para asistir a la audiencia inicial y formular cargos.
En un comunicado, la Fiscalía informó que Salvador «N», Juan «N», Cecilia «N» y Eduardo «N», servidores públicos del INM, también están vinculados directamente con los hechos que resultaron en la muerte y lesiones de los migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo, día del incendio.
La FGR investigó dos líneas de información en paralelo: la primera dentro del INM y la segunda en el ámbito de la empresa de seguridad privada. Durante las investigaciones, se descubrió un caso similar en otro centro migratorio del INM en Tenosique, Tabasco, el 31 de marzo de 2020, donde una persona falleció y 14 resultaron heridas. Este incidente llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación al instituto.
La Fiscalía explicó que estos casos indican un patrón de conducta en el que los responsables omitieron las medidas de seguridad indispensables y obligatorias. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años también señalan las faltas y omisiones en el INM, indicando un patrón de irresponsabilidad y omisiones reiteradas que han causado estos lamentables sucesos.
Se confirmó que la empresa de seguridad privada que operaba en el centro migratorio de Ciudad Juárez obtuvo contratos por adjudicación directa con el INM, lo que generó costos al doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. Además, la empresa no cumplió con sus obligaciones de capacitación, control y supervisión y no registró en el IMSS a la mayoría de sus empleados, intentando hacerlo días después de los hechos.
