Lilia González
Dentro del Congreso Local ya se analiza la iniciativa que busca sancionar con hasta 8 años de prisión el robo de telefonía celular, equipos de cómputo y dispositivos electrónicos, así como por hackearlos para su comercialización.
Durante la reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Legislación y Administración Municipal, se explicó que para materializar dicha sanción, se buscarán reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Al respecto, el diputado Isaac Montoya Márquez -proponente de la iniciativa-, refirió que el 90% de los robos en el transporte público son con violencia, buscando sobre todo con estos hechos, el robo de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares por las elevadas ganancias que deja su comercialización ilegal.
“El robo en el transporte público con violencia es uno de los delitos que más impacto tienen en la percepción de inseguridad, tal y como lo demuestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2023, donde el 50.2% de la población de 18 años y más refirió haber visto o escuchado sobre algún tipo de robo en el transporte, esta situación coloca en el Estado de México dentro de la lista de las entidades con mayor recurrencia de este ilícito”, dijo.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 2023 a nivel nacional se registraron 68 mil 394 robos a transeúnte y 14 mil 736 casos de robo a transporte públicos, de estos 8 mil 449 fueron con violencia.
En este sentido, el legislador ha propuesto la imposición de penas de 2 a 8 años de prisión para quien participe en el delito de encubrimiento por receptación de teléfonos celulares, equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos. Además, como el ciclo relacionado con el robo de celulares implica su recepción, modificación y venta ilegal, se plante equiparar esta conducta al delito de encubrimiento por receptación, por el que se impondrán hasta tres años de cárcel y multa igual a tres veces el valor de los bienes.
De manera adicional, la propuesta plantea que los ayuntamientos, a su vez, no autoricen la venta en vía pública, puesto fijos o semifijos, mercados, centrales de abasto este tipo de bienes.
Ante estos planteamientos los integrantes de las comisiones acordaron solicitar la opinión y aportaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM).
