Redacción
La igualdad económica representa una condición necesaria para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos humanos, al incidir de manera directa en su autonomía, seguridad y libertad. Así se expuso durante una conferencia impartida al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en la que se planteó la necesidad de colocar este tema como una prioridad dentro del servicio público.
Andrea Olivia Martínez López, especialista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que contar con ingresos propios, acceder a recursos productivos, participar en decisiones económicas y desarrollarse en condiciones laborales justas impacta de forma directa en la posibilidad de construir una vida libre de violencia y con mayores oportunidades.
Durante su intervención, explicó que el reconocimiento de derechos en el marco legal no resulta suficiente mientras persistan obstáculos que en la práctica limitan a las mujeres para estudiar, trabajar, producir, ahorrar o acceder a mejores prestaciones. Añadió que estas condiciones también afectan la continuidad de sus proyectos de vida y reducen sus márgenes de independencia.
Entre las principales barreras, mencionó la distribución desigual de las tareas de cuidado, la precarización laboral y la discriminación en el acceso al crédito. A ello se suman la falta de redes de apoyo económico, los llamados techos de cristal que frenan el ascenso a cargos de mayor jerarquía y la brecha salarial, una de las manifestaciones más visibles de la desigualdad entre mujeres y hombres.
Martínez López indicó que identificar estas desigualdades y aplicar la perspectiva de género en la acción pública resulta indispensable para avanzar hacia la igualdad sustantiva. En ese sentido, subrayó que la autonomía económica debe entenderse como un componente central en la garantía de derechos y no como un asunto aislado de la agenda institucional.
Expuso además que la importancia de esta autonomía también se refleja en la seguridad personal de las mujeres. Sostuvo que cuando existen ingresos propios y posibilidades reales de sostener la vida cotidiana, aumentan las capacidades para decidir sobre aspectos fundamentales como la educación, la salud, la movilidad, la maternidad y las relaciones personales.
La especialista concluyó que fortalecer la autonomía económica de las mujeres debe asumirse no solo como una política pública, sino como una estrategia integral para ampliar el ejercicio de los derechos humanos y disminuir los riesgos de vulneración. El planteamiento fue dirigido a reforzar la incorporación de esta perspectiva en el trabajo institucional y en el diseño de acciones públicas con enfoque de género.
El tema cobra relevancia en un contexto en el que persisten brechas estructurales en el acceso de las mujeres al mercado laboral, a mejores ingresos y a espacios de decisión. Bajo esa perspectiva, el impulso a la igualdad económica se perfila como una herramienta para avanzar en la construcción de condiciones más equitativas y en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.
