Lilia González
Si bien, la Ley de Justicia Cívica del Estado de México ha entrado en vigor, son pocos los municipios que han dado cumplimiento a lo ordenado, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM) reporta que son 100 los municipios los que continúan sin contar con los recursos humanos, infraestructura o procedimientos normativos requeridos.
Hasta el momento, sólo 25 municipios han dado cumplimiento a esta nueva ley que privilegia la agilidad procesal, la reparación del daño, la mediación y la conciliación.
En este sentido, la presidenta de la CODHEM, Myrna García Morón informó en entrevista que Tecámac, Chapultepec, San Mateo Atenco, Teoloyucan, Toluca, Xonacatlán, Acolman, San Antonio la Isla, Tultitlán, Tejupilco, Lerma, Atizapán de Zaragoza, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco, Tlalnepantla, Huixquilucan, Xalatlaco, Almoloya del Río, Ecatzingo, Temoaya y Villa del Carbón, son los municipios que más han logrado avanzar en la materia.
“Recuerden que la ley ya entró en vigor y los municipios tenían hasta mayo de este año para ir generando las adecuaciones y por tanto, ya tendrían que estar pensando en dónde tienen esas áreas de oportunidad. La ley busca salvar la convivencia comunitaria a través del respeto y el orden y entonces creo que todas las autoridades tendrían que estar interesadas en ello”.
Para detectar el nivel de cumplimiento y las deficiencias de los municipios para la aplicación de la ley, explicó que la Comisión emprendió visitas sin previo aviso y aplicó exámenes a servidores y usuarios de galeras municipales, cuyos resultados se darán a conocer próximamente a través de un diagnóstico que será presentado a las autoridades correspondientes.
“Actualmente lo que prevé la ley es que se privilegien los medios alternos, es decir, la mediación, que haya incluso un trabajo comunitario y que la última cosa a la que decidan como determinación de imposición de una sanción los municipios, es decir, los jueces calificadores sean los arrestos en el máximo de las 36 horas que se prevé”, agregó.
Es de referir que los objetivos bajo los cuales se sustenta la ley, son: prevenir el escalamiento de la violencia, disminuir la reincidencia en faltas administrativas, dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a los conflictos, mejorar la convivencia ciudadana, promover la cultura de la legalidad y mejorar la percepción del orden público y de la seguridad.
