Lilia González
El proceso para el cambio de legislatura en el Poder Legislativo del Estado de México ya ha dado comenzado y a la par, la LXI Legislatura deberá emitir un informe sobre el número de iniciativas presentadas, las que permanecen en comisiones y las leyes que lograron aprobar.
En este sentido, el presidente de la Diputación Permanente, Jesús Izquierdo Rojas comentó que de 2021 a 2024, la actual legislatura presentó mil 518 iniciativas de ley o decreto y se presentaron 598 puntos de acuerdo.
“También se aprobaron 270 leyes y/o decretos, 498 acuerdos, se tuvieron los 6 periodos de sesiones ordinarios y dos extraordinarios, y se sesionaron en el pleno 136 veces y en la permanente 28 veces.
Fue un trabajo productivo de todas las fracciones parlamentarias, todas tuvieron su oportunidad de presentar iniciativas, defenderlas, llevarlas a comisiones y creo que hay un resultado positivo en favor de todos los ciudadanos del Estado de México”, comentó.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que 690 fueron las iniciativas que se quedaron en comisiones legislativas para su estudio, pero destacó que algunas de ellas tienen posibilidad de continuar, mientras que la mayoría precluirán, es decir, ya no tendrán continuidad.
Por lo que respecta a la bancada del PRI, indicó que por lo pronto les interesa impulsar la iniciativa que recientemente planteó la diputada Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera para la creación del Registro de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres de la entidad, el cual deberá informar quienes han atentado contra las mujeres por vulnerar su desarrollo de la personalidad; integridad corporal; libertades y seguridades reproductivas; libertad y seguridades sexuales y el desarrollo de la personalidad; vida; familia libre de violencia y la subsistencia familiar, así como la violencia política, digital o mediática en razón de género.
Además, la iniciativa propone establecer de 5 a 8 años de prisión a quien intervenga, robe, copie, altere, distribuya, compre o venda datos, imágenes, audios o videos de las tecnologías de la información y telecomunicaciones o cualquier espacio digital, sin el consentimiento de la víctima, con el objeto de causar daño, perjudicar, ofender o ejercer cualquier tipo de violencia, así como sanciones de hasta 13 años de prisión cuando la víctima sea menor de edad o mujer, cuando se presumirá el daño a la dignidad, y en el caso de que en esta conducta el sujeto activo sea un partido político, precandidato, candidato, servidor público o medio de comunicación.
