Redacción
El Operativo Atarraya, desplegado en el Estado de México por autoridades estatales y federales, ha dejado al descubierto una situación que refuerza sospechas sobre la posible relación de ciertos establecimientos con actividades delictivas. De los 817 inmuebles asegurados durante el operativo, 413 no cuentan con registros de propietarios o locatarios, lo que ha generado dudas sobre su verdadero uso.
Las intervenciones se llevaron a cabo en bares, barberías y chelerías que, de acuerdo con investigaciones previas, podrían estar vinculadas con delitos como homicidio, narcomenudeo, trata de personas y privación ilegal de la libertad. Hasta el momento, 233 establecimientos han sido devueltos tras comprobar que operaban de manera legal, mientras que 479 continúan bajo investigación.
Las cifras oficiales revelan que desde 2022 se han cometido más de 1,300 delitos en barberías del Estado de México, entre ellos 38 homicidios y feminicidios. Algunos de los casos más violentos incluyen el ataque en la “Barbería Coacalco” en 2022 y el ocurrido en “Olympus Barber” en Naucalpan en 2024, donde varias personas fueron asesinadas.
Bares y chelerías también han sido escenario de hechos violentos. En 2023, la “Chelería Jardín” en Chimalhuacán fue blanco de un ataque armado que dejó ocho muertos, mientras que la “Chelería Bling Bling” en Cuautitlán Izcalli registró cinco víctimas en noviembre de 2024.
Las autoridades han señalado que el aseguramiento de los inmuebles se realizó conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y que el proceso seguirá en curso para determinar si estos establecimientos eran utilizados con fines ilícitos.
El hecho de que más de 400 inmuebles sigan sin ser reclamados ha sido uno de los aspectos más llamativos del operativo, ya que plantea interrogantes sobre la legalidad y operación de estos lugares. Mientras tanto, las investigaciones continúan y las autoridades han reiterado su compromiso de esclarecer cualquier posible vínculo con actividades criminales.
