Empresarios señalan que se debe brindar certeza jurídica e incentivar la creación de empleos.
Por Lilia González
Considerando que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el 28.2% de las empresas en el país, el marco regulatorio se ha constituido en un obstáculo para hacer negocios, empresarios mexiquenses señalaron que es necesario impulsar una regulación administrativa eficiente, que busque dar certeza jurídica e impulsar la creación de empleos.
La encuesta indica que la tramitología y la pérdida de tiempo son parte de los aspectos que dificultan el inicio de sus operaciones, por lo que Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) aseguró que es un momento importante para agilizar el proceso de apertura de empresas, con sistemas eficientes que permitan, a las unidades más pequeñas, la oportunidad de iniciar sus operaciones, a partir de un criterio de confianza.
“Lo que pedimos no es un cheque en blanco, sino un voto de confianza: que las empresas de bajo impacto puedan abrir prácticamente de forma inmediata y que después se hagan revisiones aleatorias para verificar su operación. En caso de no cumplir, la sanción debe ser ejemplar, pero el proceso debe dejar de ser complicado, porque limita las nuevas inversiones”, dijo.
De manera adicional, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas indica que las pequeñas iniciativas de negocio son las más afectadas, al representar el 74.8% de los casos, y consideran que no pueden concretar la instalación de sus negocios, justo por temas vinculados con la realización de trámites y procedimientos administrativos.
A la par, refiere que más de 200 mil Unidades Económicas fueron víctimas de corrupción, lo que representó un costo estimado de 887 millones de pesos, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Ante lo anterior, Sauza Martínez refirió que es indispensable que se tomen medidas en torno al Dictamen de Giro, la digitalización de procesos y trámites, así como concluir el proceso de instalación de los Comités Municipales Anticorrupción como marca la norma. “Se trata de enviar mensajes de certeza jurídica y de crear condiciones para que la población tenga mejores condiciones de vida”.
