Guadalupe de la Cruz
Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estados de México, dijo que es fundamental avanzar hacia la justicia cívica para atender delitos menores, a fin de promover la cultura de la legalidad y mejorar la percepción del orden público.
Lo anterior al asistir a las Jornadas de Repensamiento y Consulta General sobre el Código Penal, organizadas por el Poder Judicial del Estado de México donde indicó que esto es necesario, ya que requiere establecer medidas encaminadas a una correcta aplicación de la justicia, a la prevención y no únicamente punitivas.
González Hernández comentó que se vive en un contexto donde un primer paso es aterrizar acciones de carácter social dirigidas al desarrollo social y económico, a fin de erradicar la pobreza y marginación social como prevención de la violencia.
“En segundo término, se tiene que partir de determinar tras una evaluación profunda, que tipo de sanciones penales o administrativas se requieren para la diversidad de delitos que vivimos en el contexto actual, que lleven a una reparación del daño donde todos los ciudadanos tengamos garantía de justicia plena y se reduzca considerablemente la impunidad”, señaló.
La líder empresarial precisó que será un gran avance el modelo de justicia cívica, toda vez que impedirá que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, “además, con ello se promoverá la cultura de la legalidad y mejorará la percepción del orden público y de la seguridad, como lo han previsto los expertos a través de la mediación y sanciones administrativas”.
En ese sentido, comentó que el comportamiento al alza de las personas privadas de la libertad en el Estado de México cuya tasa de ocupación en los centros penitenciarios federales y estatales es del 237 por ciento, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal 2022 del INEGI, muestra la necesidad imperante de una estrategia integral para asegurar que el encarcelamiento sea utilizado como recurso para casos que estrictamente lo ameriten.
Si bien, dijo, los factores de la sobrepoblación carcelaria son diversos, es innegable que prevalece una política de justicia penal basada en el internamiento o arresto y sentencias que conllevan a largos periodos de privación de la libertad y es por eso que es muy justificable un análisis profundo que reforme el actual código penal.
González Hernández apuntó que la estadística refleja que la situación penitenciaria en la entidad es grave, ya que al interior de los centros ocurre violencia, muerte, muchos otros delitos, y violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial consideró prudente que los legisladores impulsen una revisión y evaluación a la última modificación al artículo 19 de la Constitución, elaboren estrategias para reducir el hacinamiento, involucrando a los organismos de justicia, y planes y proyectos que garanticen una reinserción social real y contribuyan a la prevención de la reincidencia.
