Lilia González
Al participar en el tercer Diálogo Nacional entorno a las reformas Constitucionales al Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar enfatizó que, frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los Tribunales de Justicia locales, no es posible hablar de austeridad, por el contrario, el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto.
“Toda reforma que pretenda ser sistemática e integral debe tomar en cuenta las necesidades de los estados y enfocarse a fortalecerlos, por ello, desde la experiencia local busquemos la mejor reforma posible con perspectiva republicana y federalista. Somos un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago, uno de los primeros objetivos de una reforma integral sería abatir dicho rezago o al menos disminuirlo”, dijo.
Y es que señaló que el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI, en México en promedio las entidades cuentan con 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes particularmente, el Estado de México tiene 2.8, de ahí que se requiere que al menos se fije una meta de 10 jueces por cada 100 mil habitantes.
Entre las propuestas que planteó se encuentra incorporar a la Constitución general el principio de que los presupuestos de los poderes judiciales locales sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4% del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente; crear el fondo de apoyo para la impartición de justicia en las entidades y fortalecer la carrera judicial con concursos de oposición para desempeñar la función jurisdiccional en todo el país.
Además de exentar a los Poderes Judiciales locales de los límites del 3% que la Ley de Disciplina Financiera fija como máximo para aumentar el capítulo 1000, a efecto de poder incrementar el número de servidores judiciales a la velocidad que se necesite.
“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía, el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de la aplicación de su aplicación oportuna, transparente y eficiente, eso permitirá acercar a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia”, concluyó.
