Lilia González
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza participó en la Firma de Convenios de Seguridad con estados limítrofes y de concertación del FASP 2023, acto efectuado en el estado de Puebla.
“Tuvimos una reunión con el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, la Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y los Gobernadores de la zona centro del país, para fortalecer las acciones conjuntas que llevamos a cabo en materia de seguridad”, difundió el mandatario mexiquense en sus redes sociales.
Se indicó que este año creció el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en un 10%, lo que significa que para 2023 se tendrán más de 8 mil 786 millones de pesos a distribuirse entre las entidades federativas.
En este acto estuvieron representantes de los estados, gobernadores y gobernadoras de Aguascalientes, Estado de México, Colima, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, en donde se informó que para la entidad mexiquense se le destinarán 604.5 millones de pesos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez aclaró que los recursos se entregan con base en el buen desempeño que realizan los gobiernos de los estados y van orientados a fortalecer la seguridad pública.
“Esta coordinación es clave para disminuir la incidencia delictiva y esto se hace diariamente a través de las 32 mesas de construcción de paz y seguridad estatales y las 266 regionales. En el gobierno federal tenemos como prioridad la cero corrupción y la cero complicidad, necesitamos equipos honestos que tengan bien clara la división entre la actividad que les corresponde realizar como autoridad y la que llevan a cabo los grupos delictivos, no debemos cruzar esa línea”, resaltó.
La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales precisó que los recursos del FASP deben atender las 8 prioridades nacionales: dignificar al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia; la certificación, capacitación y profesionalización de elementos policiacos; infraestructura de las instituciones en materia de seguridad; sistema de estándares de trabajo y rendición de cuentas; la prevención de la violencia y del delito; la atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género; el fortalecimiento del sistema penitenciario; y el sistema nacional de información.
