POR Gerardo GARCÍA
Luego de que se confirmó que el jurídico de la Legislatura Local sí denunció las pintas realizadas el 13 de febrero, integrantes del movimiento “No al Tarifazo” demandaron que se retire la carpeta de investigación, pues se estaría criminalizando la protesta y exigieron una respuesta a su pliego petitorio entregado hace semanas para revertir el aumento al pasaje en el Estado de México.
Un grupo de activistas ingresó a la Cámara de Diputados dos documentos, uno referente a una solicitud de audiencia y otro una Carta Solidaria, firmada por más de 100 organizaciones o figuras públicas, a favor de su resistencia.
Por una parte, plantearon la idea de que los legisladores se desistan de la denuncia por daños a bienes en contra de compañeros, a su vez lamentaron que la información de haya filtrado en un medio de circulación nacional, que concluyen, vulnera el derecho a la protección de datos y a la presunción de inocencia.
Indicaron que de seguir la carpeta de investigación, se confirmaría la criminalización de las protestas en la entidad y que los diputados están a favor de los empresarios y del gobierno.
“Solicitamos de manera expresa que las denuncias presentadas por el jurídico de la Legislatura contra los integrantes del movimiento “No al Tarifazo” sean reeditadas, de lo contrario, esta legislatura estará criminalizando la protesta social y construyendo a favorecer los intereses de quienes han puesto el aumento en los transportes públicos del Estado de México”.
Aclararon que la protesta del 13 de febrero, se dio ante la nula respuesta por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, dio a su pliego petitorio de seis puntos que ingresaron el 9 de enero, y acusaron que el legislador de Morena, los ha despreciado.
Aseguraron que desde que iniciaron la resistencia el 20 de diciembre, con tres movilizaciones, han sido víctimas de represión por la presencia policiaca y ahora de intimidación con la denuncia en contra de sus integrantes.
“No criminalicé la protesta social que se está realizando en torno a esta imposición de tarifa, que se garanticen los derechos de la libre expresión, la manifestación, a la protección de datos personales y a la presunción de inocencia, así como se castigue los actos violatorios ejercidos por la policía municipal, estatal y otro cuerpos de seguridad”.
Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
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