sábado, diciembre 21, 2024
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PJEdoméx y 33 municipios van contra violencia familiar

Rafael Rodríguez

El titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, firmó convenios de coordinación con los ayuntamientos de Nicolás Romero, Isidro Fabela, Jilotzingo, Atizapán y Tepotzotlán para atender, prevenir y erradicar la violencia familiar en la entidad. Actualmente, ya se suman 33 municipios.

Durante la firma de los convenios en la Unidad Cultural Azquil de Nicolás Romero, el Magistrado Presidente destacó la importancia de prevenir que la violencia se intensifique y se convierta en homicida o feminicida. Para ello, se capacitó a los policías y servidores públicos municipales en el uso del Juzgado en línea Especializado en materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde la implementación de esta política pública, se han otorgado 2,764 medidas de protección. La base de esta estrategia es la difusión, capacitación y evaluación. El Magistrado Presidente hizo un llamado a la ciudadanía a promover la cultura de la denuncia, ya que la seguridad depende no solo de la autoridad, sino de todos.

Sodi Cuellar señaló que el cargo de presidente municipal es uno de los más difíciles y por eso reconoció a los alcaldes de Nicolás Romero, Atizapán, Isidro Fabela, Tepotzotlán y Jilotzingo por su compromiso en prevenir la violencia familiar. Él expresó su deseo de que la violencia familiar no se presente en estos cinco municipios y que la mejor política pública es la que atiende estas conductas.

El alcalde Navarrete López de Nicolás Romero comentó que, aunque no tienen alerta de género, tienen el reto de prevenir y erradicar la violencia familiar. El convenio de coordinación firmado se suma a las herramientas que han emprendido en el municipio para enfrentar esta problemática.

El Consejero de la Judicatura, Raúl Aarón Romero Ortega, explicó que se han capacitado a magistrados, jueces, servidores públicos y policías municipales en el uso del juzgado en línea, que funciona las 24 horas los 365 días del año para garantizar que las medidas de protección dictadas por los jueces se cumplan correctamente.

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