Lilia González
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de la iniciativa del Poder Judicial mexiquense, la cual busca expedir la Ley de Supervisión y Asistencia de la Libertad en Ejecución Penal del Estado de México, dentro de la cual se contempla la creación de un organismo que supervise a los beneficiarios de la libertad condicionada, garantizando que tengan una verdadera reinserción social y al salir no afecten más a las víctimas y ofendidos.
Para ampliar la información sobre la propuesta, el titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar participó en la reunión de trabajo de los integrantes de la comisión para señalar que el sistema penitenciario en el estado está sobresaturado en un 160%, por lo que existe la necesidad de hacer una serie de adecuaciones legislativas.
Enfatizó que el objetivo de la propuesta busca regular la supervisión y vigilancia de la libertad en la ejecución penal, con la posibilidad de insertar social, familiar, laboral y económicamente a la persona beneficiada con la libertad; determinar a la autoridad encargada para la supervisión de libertad, que sea distinta a la autoridad penitenciaria o instituciones policiales; y crear un Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Explicó que este centro sería un órgano desconcentrado de la Secretaría y actuaría con autonomía técnica y de gestión; la estructura del órgano estaría basada en tres unidades: valoración del riesgo objetivo, supervisión de la libertad anticipada y el enlace que requiere con las autoridades que lo están operando; y tendría un impacto presupuestal anual de entre 8.7 y 8.9 millones de pesos puesto que se conformaría de peritos, psicólogos y trabajadores sociales.
“Hoy por hoy sale una persona preliberada y se va a la buena de dios, no hay alguien que supervise su comportamiento y el que no dañe más a las víctimas, quién vea si está trabajando o no y valide si está cumpliendo con el régimen que el juez le ha impuesto”, señaló el magistrado.
De aprobarse este mecanismo, dijo, el Estado de México sería pionero a nivel nacional, y precisó que el esquema no tendría impacto para el presupuesto de 2023, sino en el de 2024, puesto que tendrían que pasar por un proceso de formación, selección y operación de todos quienes integrarán este órgano.
