Redacción
Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso del Estado de México acordaron convocar a personas servidoras públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para fortalecer el análisis de diversas iniciativas que buscan tipificar nuevos delitos ambientales en la entidad.
La determinación se tomó en el marco del estudio de la propuesta del diputado Israel Espíndola López, orientada a penalizar el abandono doloso de basura, así como de los proyectos presentados por el legislador Javier Cruz Jaramillo y la parlamentaria Itzel Guadalupe Pérez Correa, ambos enfocados en tipificar el delito de ecocidio en el Código Penal estatal.
Durante la reunión, presidida por el diputado Carlos Alberto López Imm, la legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez indicó que las iniciativas contemplan sanciones proporcionales a la gravedad del daño e incorporan agravantes cuando las conductas afecten áreas naturales protegidas o la salud pública. Añadió que se busca garantizar la viabilidad constitucional y operativa de las reformas mediante mesas de trabajo técnico con la autoridad ambiental estatal.
En el caso de la propuesta de Israel Espíndola, se plantea imponer penas de hasta 11 años y tres meses de prisión por abandono doloso de basura, así como sanciones de hasta seis años de cárcel por la posesión, adquisición, venta, recepción, transporte o almacenamiento de materiales o residuos peligrosos que no cumplan con las normas oficiales aplicables.
El legislador argumentó que las sanciones administrativas actuales resultan insuficientes y, en muchos casos, de difícil ejecución. La iniciativa establece criterios de proporcionalidad según la cantidad y el daño ocasionado, agrava las penas cuando exista afectación a áreas naturales protegidas o a la salud humana, y contempla la suspensión condicional del proceso y mecanismos de justicia restaurativa.
Respecto a las propuestas para tipificar el ecocidio, la iniciativa de Javier Cruz contempla penas de hasta 18 años de prisión para quien, de manera dolosa, por acción u omisión, cause daño grave, destrucción o pérdida significativa de ecosistemas, especies, recursos naturales o del equilibrio ambiental, además de afectaciones a la salud pública.
Por su parte, el proyecto de Itzel Guadalupe Pérez prevé sanciones de hasta 17 años de prisión para quien cause un daño grave, masivo y extenso —en superficie y temporalidad— a recursos naturales, flora, fauna, agua, suelo, subsuelo o aire, cuyo resultado implique la afectación parcial o total de un ecosistema y el desequilibrio ambiental correspondiente. Las comisiones continuarán el análisis con la participación de la Secretaría estatal antes de emitir un dictamen.
