Redacción
El magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, encabezó la presentación del Plan Rector para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad. Durante el evento, destacó que este proyecto representa un desafío considerable, ya que no solo requiere un cambio de paradigma dentro de los tribunales, sino también mejorar la percepción de la justicia entre la ciudadanía.
En la presentación, realizada en el Salón de Plenos, estuvieron presentes la consejera Cristel Pozas Serrano, encargada de coordinar los trabajos de implementación en el Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex), junto con miembros de la Judicatura y jueces que participaron en la creación del plan.
Sodi Cuellar señaló que los casos de materia civil y familiar constituyen aproximadamente el 70% de la actividad del tribunal, demandando numerosos recursos humanos, materiales y tecnológicos. Enfatizó que el enfoque es avanzar «sin prisa pero sin pausa», con el objetivo de ser los mejores, y no necesariamente los primeros, en implementar el nuevo sistema.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia subrayó que esta implementación es más compleja que las reformas en justicia penal o laboral, ya que no se contará con recursos externos y deberá realizarse con recursos propios. Sin embargo, ha habido una estrecha colaboración con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que han mostrado receptividad hacia el proyecto.
El Plan Rector también servirá como base para la implementación del código nacional en los estados de Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, lo que permitirá establecer puntos de comparación regionales para mejorar el sistema.
El plan incluye varias fases, como la actualización y armonización de la legislación del Estado de México para hacerla compatible con el nuevo marco legal, así como la capacitación de personal y operadores externos, con un curso programado para actualizar a los litigantes.
Gracias al ejercicio presupuestal, ya se ha realizado la transformación tecnológica en ambas materias, incluyendo la adquisición de mobiliario, equipo y la renovación de salas de audiencia.
La consejera Pozas Serrano explicó que el Plan Rector consta de diez apartados relacionados con la capacitación, infraestructura física, programación presupuestal, difusión institucional y tecnologías de la información, entre otros. Además, se han planificado más de 400 actividades que se llevarán a cabo en los próximos meses y años.
El cronograma del proyecto comenzó en 2024 con capacitación interna y externa, transformación tecnológica y armonización legislativa. En 2025, se llevará a cabo un proceso de especialización de los juzgados en materia civil y familiar, la implementación del nuevo modelo de gestión y la solicitud a la Legislatura de la Declaratoria de Implementación.
En enero de 2026 se prevé la entrada en vigor en juzgados especializados, en marzo en juzgados familiares y en abril en juzgados civiles, con el resto del año dedicado a la consolidación de la reforma.
