Redacción
La Quinta Cumbre Iberoamericana de Movilidad Humana y Derechos Humanos, denominada «De la palabra a la Acción», organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, contó con la participación de Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y representante de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).
Durante su intervención en la Mesa Redonda titulada «Retos, desafíos y respuestas de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías y otras instancias ante los nuevos contextos de protección internacional en la región», la señora García Morón instó a abordar de manera consciente los problemas globales que afectan a la realidad de Latinoamérica.
En su discurso, la presidenta de la CODHEM destacó la difícil situación que enfrentan varios países de la región, caracterizada por la falta de empleo, problemas de salud, inseguridad, impunidad, crisis económica, inflación, crisis política, corrupción, narcotráfico y violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos.
En este contexto, señaló que los organismos de tutela no jurisdiccional de los derechos humanos han adquirido un papel fundamental al ofrecer soluciones parciales a la crisis de justicia que atraviesan los tribunales jurisdiccionales, así como en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, también reconoció que dichas soluciones son insuficientes para abordar la magnitud de los desafíos actuales.
Un tema relevante que abordó la representante de la FMOPDH fue el acceso al territorio y la defensa de los derechos de migrantes y refugiados. García Morón propuso la creación de organismos de defensa especializados en temas migratorios y de refugio, que garanticen el derecho humano a una defensa y al debido proceso.
Asimismo, enfatizó en la importancia de aplicar el principio de no devolución, asegurando que las personas migrantes deben tener acceso a los derechos consagrados en el ámbito internacional mediante mecanismos locales, como el derecho humano a una buena administración pública.
