Lilia González
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares firmaron en Palacio de Gobierno el decreto por el que se promulga la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, la cual busca dar una visión más social a la impartición de justicia, resolver los conflictos en una comunidad de manera más rápida y privilegia la mediación.
La ley, indicó la mandataria, procurará que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad, permitiendo al infractor reconocer el daño social causado y restituirlo.
“Esta Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios se aleja de las prácticas tradicionales que permitían la corrupción y los abusos y adopta un enfoque más humano y cercano a la gente. En el Estado de México la ley se aplicará con firmeza”, exclamó.
Lo anterior al especificar que esta ley trasladará artículos del derecho penal al derecho administrativo sancionador, fortaleciendo el cumplimiento de normas y contribuyendo al adelgazamiento del código penal, estas acciones, dijo, generarán ahorros de recursos tanto para la estructura gubernamental, como para la población al reducir los tiempos al acceder a una justicia inmediata mediante mecanismos alternativos de solución de controversia.
Delfina Gómez señaló que en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del 2020, se reportaron en el Estado de México 193 mil 499 puestas a disposición por parte de instituciones policiales y de quejas, de las faltas cívicas registradas, más de 100 mil fueron sancionadas con arresto, 50 mil con multa y 29 mil con amonestación, pero sólo 655 se resolvieron mediante acuerdos de mediación o conciliación, “estas cifras demuestran la necesidad de una reforma en la forma de administrar la justicia restaurativa y la mediación”.
Este esquema contempla instaurar en los 125 municipios juzgados cívicos como centros de justicia accesibles y cercanos a la ciudadanía, eliminando las oficialías mediadoras, conciliadoras y calificadoras de los ayuntamientos.
También se fomenta el trabajo a favor de la comunidad como componente terapéutico o reeducativo, brindando la oportunidad de restituir el daño social causado por infracciones administrativas, y se contempla la posibilidad del procedimiento de mediación y conciliación para agilizar la justicia primaria.
En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Sodi Cuellar sostuvo que la Justicia Cívica pretende identificar los factores de riesgo en las comunidades para atender las causas de la conducta antisocial y fomentar una sociedad autogestiva, es decir, la sociedad que gestione sus propios recursos y sus propias soluciones, apoyadas del gobierno municipal y estatal.
En este acto estuvieron presentes diputados y diputadas locales, presidentas y presidentes municipales, así como personal del Poder Judicial del estado.
