Redacción
Miriam Silva Mata, diputada local de Ecatepec y presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la LXII Legislatura, presentó una iniciativa orientada a eximir el pago de tarifas de agua a personas en situación de marginalidad, vulnerabilidad y extrema pobreza que no reciben un suministro adecuado en el Estado de México.
La propuesta surge tras los foros ciudadanos “El Poder de los Ciudadanos: Unidos por el Agua”, realizados en Toluca, Atlacomulco, Nicolás Romero y Ecatepec. Estas consultas evidenciaron problemáticas como deficiencias en pozos, extracciones irregulares, falta de infraestructura hidráulica y huachicoleo de agua.
Miriam Silva enfatizó que las voces de las comunidades resultaron clave para construir esta propuesta legislativa, cuyo enfoque radica en garantizar condiciones más justas para las personas en mayor desventaja. “Escuchar es la manera responsable de legislar”, señaló.
El panorama hídrico en el Estado de México refleja una crisis que afecta a miles de familias. Con una población de 16.9 millones, aproximadamente el 30% carece de acceso constante y seguro al agua potable, mientras que más de 4 millones enfrentan dificultades de abastecimiento, según datos oficiales.
La falta de agua potable limita la calidad de vida, y esta situación se agrava con cifras alarmantes como las de la ONU, que indica que cada día mueren mil niños en el mundo por enfermedades relacionadas con agua contaminada. Frente a esta realidad, Silva Mata destacó la urgencia de redoblar esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a este recurso vital.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Partido Verde Ecologista del Estado de México y propone exenciones para sectores como pensionados, jubilados, personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras sin ingresos fijos, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, menores en orfandad con representantes legales, mujeres, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Además de aliviar la carga económica de las familias afectadas, la propuesta busca alinearse con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la ONU, que establece garantizar el acceso universal al agua limpia y segura. Este mecanismo busca proteger a quienes, a pesar de su limitada capacidad económica, pagan más por un derecho fundamental que debería estar al alcance de todos.
