Redacción
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, precisó que la derogación de la regulación de la extorsión en el Código Penal estatal no implica impunidad, ya que este delito continuará sancionándose conforme a la ley general en la materia.
El legislador explicó que el Estado de México contará con una ley local para fortalecer la actuación institucional contra la extorsión, al armonizar su marco jurídico con la legislación federal y establecer herramientas específicas para su atención y persecución.
Señaló que la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por el Congreso local durante el Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones el 15 de enero, refuerza de manera integral el combate a este ilícito mediante mecanismos especializados de prevención, investigación y persecución.
Vázquez Rodríguez recordó que el Gabinete de Seguridad Federal presentó el 6 de julio de 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión y que el 9 de octubre del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 constitucional, con la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general que homologue el tipo penal de extorsión en todo el país y obligue a las entidades a armonizar su legislación.
Entre los principales avances, destacó que la extorsión, incluida la modalidad conocida como cobro de piso, se perseguirá de oficio, lo que permitirá investigar los hechos aun cuando las víctimas no ratifiquen la denuncia, situación frecuente por temor o desconfianza hacia la autoridad.
Asimismo, subrayó la creación de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, así como del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, instancias que brindarán atención especializada y darán seguimiento a los casos para reducir la cifra negra.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de morena indicó que, una vez concluido el proceso legislativo, corresponde a las autoridades cumplir los plazos establecidos en la ley, entre ellos la instalación del Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión, la implementación de la Estrategia Estatal y la adopción de tecnologías para inhibir llamadas desde centros penitenciarios.
Detalló que el Consejo Estatal deberá instalarse en un plazo no mayor a 60 días naturales; la Secretaría de Seguridad estatal contará con hasta 180 días naturales para establecer la Estrategia Estatal; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tendrá 45 días hábiles para crear la Fiscalía Especializada; y los centros penitenciarios dispondrán de 150 días hábiles para inhibir comunicaciones ilegales, con el respaldo presupuestal que autorice la Secretaría de Finanzas.
