Lilia González
Por segunda ocasión, la Legislatura del Estado de México aprobó la “Ley Ingrid” con la cual se establecen penas de cárcel por la difusión de material gráfico que revictimice y atente contra la dignidad de las víctimas y establecer acciones que protejan la dignidad póstuma de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
El dictamen avalado por unanimidad, ante la asistencia de asociaciones y familiares de Octavio Ocaña, contempla reformas al Código Penal del Estado de México para establecer sanciones de hasta 12 años de prisión en contra de quien participe en la difusión indebida de imágenes de cadáveres de personas.
¿Qué se propone?
Esta ley establece que si en la comisión de este delito participan servidores públicos de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o una investigación relacionada con el hecho delictivo, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión.
Además de lo anterior, se especifica que si el sujeto pasivo de este delito son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión.
Corrección de la Ley
Esta es la segunda ocasión que el Congreso Local aprueba la ley, pues en julio de 2021 se avaló por unanimidad, pero en aquella ocasión se esperaba sancionar hasta con 11 años de prisión a quien filtrara indebidamente información, imágenes, grabaciones y documentos de una carpeta de investigación en trámite.
Si bien, logró entrar en vigor al ser publicada en Gaceta de Gobierno, fue en marzo de 2023 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley por falta de precisión para definir la conducta, lo que conllevó a los legisladores a corregir la plana y enmendar lo necesario para lograr su procedencia.
Cabe señalar que esta ley fue impulsada en honor a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en febrero de 2020, hecho en el que circularon en redes sociales y periódicos oficiales fotografías de su cuerpo, reflejo del incorrecto tratamiento de las evidencias por parte de los servidores públicos que atendieron ese caso.
También surge ante el caso del actor Octavio Ocaña, en donde también se filtraron las imágenes del cadáver presuntamente por una paramédico.
