Redacción
Seis mujeres obtuvieron el beneficio de la Libertad Anticipada gracias a las gestiones del Gobierno del Estado de México, liderado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez. Este logro permitirá a las beneficiarias retomar sus vidas junto a sus familias.
La Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica, en conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública (IDP), implementaron una estrategia para apoyar a las mujeres privadas de la libertad. Esta estrategia abarca la obtención de beneficios legales como la preliberación tras cumplir el tiempo requerido por la ley, así como el pago de multas y la reparación del daño.
Entre las beneficiarias se encuentra Jazmín N., quien después de cumplir la mitad de su sentencia, recibió una nueva oportunidad para reintegrarse a la sociedad. Jazmín expresó que regresar con su familia «es como volver a la vida».
SeMujeres realiza visitas periódicas a los penales mexiquenses, donde informa a las personas privadas de la libertad sobre las alternativas para acceder a la preliberación. Itzel N. es un ejemplo de cómo, con el apoyo de su padre y la dependencia, inició el proceso para obtener este beneficio.
Mónica Chávez Durán, titular de SeMujeres, enfatizó que la misión del gobierno es respaldar a las mujeres durante su proceso judicial hasta lograr su plena reinserción social. La Defensoría Pública y SeMujeres cuentan con recursos para cubrir los pagos de reparación del daño y multas, facilitando así el proceso de preliberación.
Alberto Cervantes Juárez, Director General del IDP, informó que existe un fondo destinado a apoyar a personas que no cuentan con recursos para pagar la reparación del daño o que carecen de una red de apoyo familiar. Este fondo cubre hasta 300 mil pesos y busca brindar una segunda oportunidad a grupos vulnerables como mujeres e indígenas.
En alineación con el Plan de Desarrollo 2023-2029, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Defensoría Pública continuarán sus visitas a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, con el objetivo de identificar casos específicos de mujeres que puedan acceder a los beneficios legales establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
