REDACCIÓN
El embarazo adolescente es un problema poblacional que aumenta las brechas sociales y de género, pues ser madre debe ser un tema de proyecto de vida, educación, salud, pero, sobre todo, de respeto a sus derechos humanos, a su libertad y a su desarrollo como personas, destacaron integrantes del Consejo Estatal de Población del Estado de México (Coespo).
Durante el ciclo de conferencias virtuales “Embarazo adolescente” y “Población y Empleo”, impartido a servidores públicos del municipio de Ocoyoacac, Rosalinda Díaz Salazar, integrante del Departamento de Educación en Población de Coespo, organismo sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, indicó que, en algunas comunidades, se da gran importancia a factores socioculturales y se da el valor y prestigio femenino al hecho de ser madre.
Esta situación puede ser considerada como una desigualdad de género ya que se ha disminuido la autonomía femenina para tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad, por ello, agregó, es necesario que las y los adolescentes cuenten con la información y herramientas para llevar a cabo un autocuidado y responsabilidad en su comportamiento sexual, y que servidores públicos sean involucrados para tomar medidas que prevengan el embarazo adolescente en la población.
Por su parte, Alfonso Mejía Modesto, quien forma parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, encabezó la ponencia “Población y Empleo”.
Refirió que, la población total del municipio de Ocoyoacac al 2015, comprendía 66 mil 190 habitantes y destacó que en torno al empleo, el 23.7 por ciento agrupa a funcionarios profesionistas, técnicos y administrativos, el 3.67 por ciento a trabajadores agropecuarios, un 29.17 por ciento a trabajadores en la industria, y como mayoría, el 42.66 por ciento realizan servicios diversos y son comerciantes.
Expuso además datos sobre acciones de financiamiento para vivienda, también centrado en Ocoyoacac, donde el 13.3 por ciento de éstas se usaron para adquirir viviendas nuevas, el 2.3 por ciento para la adquisición de viviendas usadas, y el 83.1 por ciento para mejoramientos.
