Redacción
Un juez del Poder Judicial del Estado de México, vinculó a proceso a los nueve presuntos autores intelectuales del incendio registrado en la Central de Abasto de Toluca el pasado 10 de julio y en el que murieron nueve personas.
El juzgador determinó qué hay pruebas suficientes para vincular a proceso a estos individuos y como medida cautelar, permanecerán en prisión preventiva en el Centro de Prevención y Readaptación Social, en Almoloya de Juárez conocido como el Penal de Santiaguito.
Los nueve hombres identificados como Pascual “N”, Bryan Alejandro “N”, Jhoan Daniel “N”, David Jehuel “N” y Mateo “N”, corresponden a los integrantes de la Mesa Directiva. Mientras que, Héctor “N”, Arturo “N”, José Miguel “N” y Edmundo “N”, son los integrantes de Seguridad Privada.
Mismos que fueron detenidos y trasladados al mencionado penal, el pasado 12 de julio a quienes se les investiga por el delito de homicidio calificado en contra de las nueve personas.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense, presuntamente los integrantes de la Mesa Directiva, se reunieron en la Central para planear, organizar y ordenar la agresión consistente en irrumpir en el lugar, hacer detonaciones con armas cortas y quemar los espacios en los que se encontraban los comerciantes minoristas, conocidos como “Isla”, con la finalidad de que los desocuparan.
Derivado de actos de investigación y declaraciones recabadas, se cuenta con indicios que establecen que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban, para tal fin iniciaron acciones legales en su contra.
Sin embargo los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo, por lo que la administración recurrió a amenazas abiertas y directas, llegando a simular un cateo en su contra para supuestamente localizar drogas en los locales que posteriormente incendiaron y a realizar actos de extorsión a través del responsable del Jurídico quien incluso les advirtió y dio ultimátum de que de no irse los “…sacaría a como diera lugar”.
Y que el día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la referida Central de Abasto, fueron instruidos para no acudir al lugar de los hechos.
También, la Fiscalía detalló que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento inhabilitando algunas videocámaras.
Adicional a ello, se permitió el libre acceso de los agresores y más grave aún, se facilitó su escape a través de las salidas que el propio personal de seguridad privada controla de manera permanente.
Que el personal de seguridad privada no permitió el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando así el auxilio a las víctimas no obstante que era obligación de la propia seguridad privada realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que nunca sucedió oportunamente.
