REDACCIÓN
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó hoy a Brunéi para detener la entrada en vigor del nuevo Código Penal que incluye la pena de muerte por lapidación por adulterio, así como para las relaciones entre personas del mismo sexo.
«Hago un llamamiento al gobierno para que detenga la entrada en vigor de este nuevo código penal draconiano, que supondría un serio revés para las protecciones de derechos humanos para la gente de Brunéi si se implementara», señaló.
Indicó que varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han expresado su preocupación por las penas crueles, inhumanas y degradantes contenidas en la orden del Código Penal. La homosexualidad ya es ilegal en Brunéi, pero ahora se convertirá en un delito capital.
Sanciones que llegan a la pena de muerte por lapidación para el adulterio y la homosexualidad fueron anunciadas desde 2014 y el próximo miércoles entrarán de manera plena en vigor tras su confirmación el pasado diciembre.
Bachelet señaló que la legislación tiene castigos crueles e inhumanos que violan gravemente el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la muerte por lapidación.
En un comunicado precisó que en el nuevo Código Pernal estipulan la pena de muerte por delitos como violación, adulterio, sodomía, relaciones sexuales extramatrimoniales para musulmanes, robos e insultos o difamación al profeta Mahoma, entre otros.
Además introduce la flagelación pública como castigo por el aborto y la amputación por robo. También criminaliza exponer a los niños musulmanes a las creencias y prácticas de cualquier religión que no sea el Islam.
Brunéi actualmente mantiene la pena de muerte en la ley, pero el país ha sido abolicionista en la práctica, con la última ejecución llevada a cabo en 1957.
Bachelet enfatizó que las leyes y normas internacionales de derechos humanos imponen estrictas restricciones al uso de la pena de muerte, que solo pueden aplicarse al delito de asesinato o asesinato intencional, después de un juicio que cumple plenamente los requisitos del debido proceso.
“En realidad, ningún poder judicial en el mundo puede afirmar que está libre de errores, y la evidencia muestra que la pena de muerte se aplica de manera desproporcionada a las personas que ya son vulnerables, con un alto riesgo de errores judiciales. Insto a Brunéi a mantener su moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte», precisó.
Las disposiciones del código penal revisado también pueden fomentar la violencia y la discriminación contra las mujeres, sobre la base de la orientación sexual y contra las minorías religiosas en Brunéi.
La pequeña nación (sultanato) de Brunéi esta ubicada en la isla de Borneo, en el sudeste asiático, con menos de seis mil kilómetros cuadrados de superficie territorial y apenas unos 550 mil habitantes, pero rica en petróleo y gas. En 1984 obtuvo su independencia total de Gran Bretaña.
«Cualquier legislación basada en la religión no debe violar los derechos humanos, incluidos los derechos de los que pertenecen a la religión mayoritaria, así como de las minorías religiosas y los no creyentes», dijo Bachelet.
“Los derechos humanos y la fe no son fuerzas opuestas, de hecho, es la interpretación humana la que crea tensiones. Es vital que el gobierno, las autoridades religiosas y una amplia gama de actores de la sociedad civil trabajen conjuntamente para defender la dignidad humana y la igualdad para todos”, consideró.
