Redacción
El gobierno de Bahamas rechazó una propuesta presentada por el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para aceptar migrantes deportados de otros países. La oficina del primer ministro del archipiélago informó que la propuesta fue evaluada y firmemente rechazada por el primer ministro Philip Davis. Tras esta decisión, no se han mantenido más conversaciones entre el gobierno de Bahamas y el equipo de transición de Trump.
El planteamiento formaba parte de una estrategia más amplia del equipo de Trump, que buscaba negociar con otros países de la región para que aceptaran migrantes deportados por Estados Unidos, especialmente aquellos provenientes de países que se niegan a recibirlos. Entre los países mencionados figuraban Panamá, las Islas Turcas y Caicos, y Granada. Sin embargo, hasta el momento, Bahamas ha decidido no involucrarse en este acuerdo.
Por otro lado, el gobierno de Panamá ya había alcanzado un acuerdo con Estados Unidos en julio de este año. El convenio firmado entre el secretario de Seguridad Interior de EE.UU., Alejandro Mayorkas, y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, establece que Washington cubriría los costos de repatriación de los migrantes que cruzan la selva del Darién para llegar a Panamá. Este acuerdo se enmarca dentro de los esfuerzos del presidente José Raúl Mulino para frenar el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.
La administración de Trump, que asumirá el cargo en enero, tiene entre sus planes implementar un programa masivo de deportaciones. Durante su campaña electoral, Trump recurrió a un discurso agresivo contra la inmigración, responsabilizando a los migrantes de la supuesta creciente criminalidad en el país y presentando la situación como una «invasión». Esto responde a las preocupaciones de una parte del electorado conservador sobre la seguridad y el control de la frontera sur de Estados Unidos.
Este rechazo por parte de Bahamas refleja la resistencia de algunos países de la región a participar en la política migratoria de Estados Unidos, que busca externalizar la gestión de la deportación de inmigrantes ilegales. Mientras tanto, la administración de Trump continúa buscando acuerdos con otros gobiernos de América Latina y el Caribe para abordar el flujo de migrantes hacia su territorio.
