REDACCIÓN
Los ciudadanos británicos que viajan a zonas extranjeras designadas como terroristas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión, bajo las nuevas y controvertidas leyes antiterroristas que entraron en vigor hoy en Reino Unido.
La Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fronteriza 2019, vigente a partir de este viernes, fue dada a conocer el año pasado como parte de los esfuerzos para impulsar la capacidad de las autoridades para hacer frente a la amenaza de los llamados ‘combatientes extranjeros’.
La nueva ley permite al ministro del Interior del país a denominar como terrorista a zonas, aunque estará sujeta a aprobación parlamentaria, y crea un delito penal por ingresar o permanecer en un “área designada” en el extranjero.
Para poder usar el poder de designación, el ministro del Interior, Sajid Javid, deberá estar convencido de que es necesario restringir a los ciudadanos y residentes de Reino Unido para que viajen o permanezcan en el área, a fin de proteger al público del riesgo de terrorismo.
Un individuo que haya ingresado o permanecido en un área designada podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable, según la nueva legislación, la cual incluye también exenciones para proteger a quienes tienen una razón legítima para estar en una zona terrorista, como los periodistas.
La ley otorga a los guardias fronterizos el poder de detener y registrar a individuos sospechosos de actividad “hostil” y criminaliza la visualización en internet de material vinculado al terrorismo, excepto cuando se trate de una investigación periodística, de acuerdo con reportes de la prensa británica.
Según las estimaciones del Ministerio del Interior, más de 900 personas “preocupadas por la seguridad nacional” de Reino Unido viajaron para participar en el conflicto en Siria. De estos, alrededor del 20 por ciento fueron asesinados en el extranjero y alrededor de 40 por ciento han regresado al país.
Las cifras reveladas en la Cámara de los Comunes el año pasado sugirieron que solo un 10 por ciento de los retornados han sido procesados por “acción directa” en Siria, aunque el gobierno dice que una proporción significativa de los que regresaron fueron evaluados por no ser un problema de seguridad nacional.
“Estas nuevas leyes otorgan a la policía los poderes que necesitan para interrumpir conspiraciones terroristas antes y garantizar que quienes intentan hacernos daño reciban un castigo justo”, destacó Javid, citado en reportes periodísticos.
Añadió que los mortales ataques en Londres y Manchester en 2017 evidencian que “la amenaza del terrorismo sigue evolucionando, por lo que también “debe evolucionar nuestra respuesta”.
