Redacción
El 8 de noviembre, el máximo tribunal penal de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia, dictada en 2022 por un tribunal federal, se basa en un caso de fraude al Estado relacionado con la asignación irregular de contratos de obras públicas durante su mandato presidencial (2007-2015). La exvicepresidenta, también líder del peronismo, continuará su lucha legal para revertir la decisión ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar el proceso durante varios años.
La condena se refiere a la entrega de contratos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, un allegado político de Fernández, quien, junto a otros exfuncionarios de su gobierno, también fue sentenciado a diversas penas de prisión. La acusación central señala que la asignación de estos contratos se realizó de manera irregular y en beneficio personal, lo que constituyó un acto de defraudación al erario público.
A pesar de la ratificación de la condena, Fernández no enfrentará de inmediato una pérdida de libertad ni tendrá restricciones para presentar su candidatura a cargos públicos en el futuro cercano. Su defensa ha insistido en que se trata de una persecución judicial impulsada por sectores opositores, una narrativa respaldada por sectores del kirchnerismo, que denuncian lo que consideran un uso político del sistema judicial para debilitar a figuras del oficialismo.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en una audiencia celebrada en los tribunales federales de Buenos Aires, donde ni Fernández ni los otros condenados estuvieron presentes. En las inmediaciones de los tribunales, militantes kirchneristas se agruparon para protestar contra lo que califican como un caso de «lawfare», un término que utilizan para describir la manipulación de procesos judiciales con fines políticos.
El fallo reafirma una serie de investigaciones y juicios que han afectado la carrera de la expresidenta, pero también ha generado un amplio debate sobre la independencia del poder judicial en Argentina y su relación con las luchas políticas en el país. El futuro de Fernández, tanto en el ámbito judicial como político, dependerá ahora de los recursos legales que presente ante la Corte Suprema, cuyo pronunciamiento podría demorar años.
