Redacción
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur concluyó el proceso de destitución del presidente Yoon Suk Yeol, al validar por unanimidad la moción de censura emitida por el Parlamento. Esta decisión responde a los acontecimientos de diciembre de 2024, cuando Yoon declaró la ley marcial y ordenó el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional. La medida, que generó una fuerte reacción social y política, marcó el inicio de una profunda crisis institucional en el país.
Desde el tribunal se sostuvo que las acciones del entonces mandatario carecieron de base legal, excedieron los límites establecidos por la Constitución y comprometieron el funcionamiento democrático del Estado. El despliegue de tropas para bloquear el acceso de legisladores y evitar la revocación de la ley marcial se consideró incompatible con el principio de separación de poderes y representó una vulneración directa de los derechos parlamentarios.
Las autoridades judiciales destacaron que la figura presidencial se encuentra limitada por el marco constitucional y que las atribuciones extraordinarias utilizadas en ese contexto no respondieron a una situación que justificara tal respuesta. El uso del poder se percibió como una ruptura con el orden legal y como una amenaza al equilibrio democrático.
Tras conocerse el fallo, se activó el proceso para organizar elecciones anticipadas en un plazo de 60 días. En paralelo, la administración interina encabezada por Han Duck Soo comenzó a asumir las responsabilidades de gobierno, con un enfoque centrado en garantizar la estabilidad institucional, la seguridad nacional y la continuidad diplomática.
En el ámbito político, las principales fuerzas del país reaccionaron al veredicto con distintas posturas. Desde el oficialismo se expresó respeto por la resolución judicial, mientras que la oposición interpretó el desenlace como un momento de reafirmación de la voluntad popular.
Además, se prevé que el expresidente enfrente un juicio por cargos vinculados a la incitación a la insurrección y al uso indebido del poder. El proceso judicial arrancará el 14 de abril en Seúl, en medio de un clima marcado por la atención pública y la necesidad de restablecer la confianza en las instituciones
