* Un largo camino que llegó al fin.
Santiago.- La despenalización del aborto en Chile por tres causales recorrió en los últimos años un largo camino legislativo que llegó a su fin con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dar vía libre al proyecto de ley.
La historia de la interrupción voluntaria del embarazo en este país nace en 1874, cuando es definido como delito en el Código Penal, condición que se mantendrá hasta 1931, cuando se establecieron excepciones «con fines terapéuticos» en el Código Sanitario.
De esta forma, ese año fue sacado de la categoría de «aborto» la interrupción médica del embarazo para salvar la vida de la madre, lo que permaneció inalterable hasta 1989, cuando ya terminaba la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Entre 1931 y 1989, las mujeres chilenas con complicaciones en su embarazo podían acudir a un consejo médico que determinaba si las complicaciones en la gestación aconsejaban continuar adelante con el proceso o interrumpirlo.
Sin embargo, en 1989, en los últimos meses de la dictadura, el régimen volvió a penalizar el aborto por cualquier causal, lo que colocó a este país sudamericano entre los pocos del mundo donde la interrupción del embarazo era un delito.
Ya en democracia, a partir del 11 de marzo de 1990, los partidos políticos de centro-izquierda intentaron despenalizar el aborto, pero los proyectos de ley presentados en el Congreso siempre se toparon con la férrea oposición de la derecha y la Democracia Cristiana.
Sin duda, la fuerte influencia de la iglesia Católica en esos sectores políticos jugó contra cualquier proyecto o iniciativa vinculada a la interrupción del embarazo, aunque fuera por causales determinadas, debido al riesgo que se legalizara el «aborto libre».
En 1991, un grupo de diputados de centro-izquierda presentó la primera propuesta para reponer el aborto con fines terapéuticos con el objetivo de proteger la vida de la madre en casos de fetos inviables, la que no tuvo el respaldo político necesario, al igual que otras iniciativas que sólo quedaron en el papel.
La diferencia quedó marcada en enero de 2015, hace lejanos 31 meses, cuando la presidenta chilena Michelle Bachelet envío al Congreso el proyecto de ley que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, uno de las iniciativas anclas de su campaña electoral para su segunda administración.
El proyecto del ley despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo por riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, algo que dejó descontentos a algunos sectores defensores de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres que buscaban eliminar esas tres causales.
El 4 de agosto de 2015, y tras cinco meses escuchando a diversas organizaciones y actores de la sociedad civil, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre la iniciativa por ocho votos a favor y cinco en contra.
El 17 de marzo de 2016, el pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley, el cual pasó a la Comisión de Salud del Senado para su discusión, donde se aprobó el 6 de septiembre de 2016.
El 19 de julio de 2017, el pleno del Senado aprobó el proyecto de ley, el que debió regresar a la Cámara de Diputados debido a las modificaciones realizadas a la iniciativa en la Cámara Alta, las que fueron rechazadas por los diputados.
Por este motivo, diputados y senadores debieron conformar una Comisión Mixta que revisó y aprobó el proyecto el pasado 1 de agosto, para al día siguiente ser visado sin problemas por el pleno del Senado.
Tras este hito legislativo, diputados y senadores de la opositora derechista Chile Vamos presentaron dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional argumentando que la iniciativa legal vinculada al aborto violaba la Carta Magna y debía ser anulada.
Los 10 magistrados de ese tribunal escucharon la semana pasada a los representantes de 135 organizaciones y tuvieron en consideración más de 200 informes a favor y en contra del aborto por tres causales para, este lunes, desestimar los requerimientos de la derecha opositora, con lo cual Bachelet quedó, por fin, en condiciones de promulgar la ley en los próximos días.
