Redacción
El gobierno de Estados Unidos decidió suspender el programa de asistencia legal destinado a niños migrantes no acompañados en los tribunales de migración. Esta medida dificulta el acceso a representación jurídica para menores que enfrentan procesos de deportación sin recursos para costear un abogado.
El Centro Acacia para la Justicia, encargado de atender a miles de niños bajo un contrato federal, informó que la orden de suspensión se emitió sin una explicación clara por parte del Departamento del Interior. Según el comunicado recibido, la decisión responde a causas fuera del control de la agencia y no implica una evaluación negativa del desempeño del programa. La suspensión continuará hasta nuevo aviso.
El Departamento del Interior y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que tienen a su cargo la supervisión de los menores migrantes en Estados Unidos, no han emitido declaraciones sobre los motivos de esta determinación. Acacia, por su parte, administra el programa a través de una red de organizaciones en distintas regiones del país, encargadas de ofrecer asistencia legal a niños y adolescentes menores de 18 años.
Esta decisión se suma a la reciente pausa temporal de otro programa de apoyo legal para personas en proceso de deportación, implementada por el Departamento de Justicia. Tras recibir una demanda de grupos defensores de los derechos de los migrantes, la financiación de este último programa fue restablecida.
Las personas que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos pueden contratar representación legal por cuenta propia, pero no reciben asistencia gubernamental para ello. Las organizaciones que dependen de fondos federales para proporcionar apoyo legal a niños migrantes han expresado preocupación por el impacto de la suspensión, señalando que los menores más vulnerables serán los más afectados.
Ante la ausencia de representación adecuada, las dificultades para los niños en los tribunales de migración se intensifican. La posibilidad de que deban defenderse por sí mismos en estos procesos genera inquietud entre especialistas y defensores de los derechos humanos.
