Redacción
Más de cincuenta universidades en Estados Unidos están bajo investigación en el marco de una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump, que busca eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión. Las autoridades han señalado que estas iniciativas podrían estar aplicando criterios de admisión y apoyo financiero que favorecen a ciertos grupos en detrimento de otros, lo que ha generado un debate sobre la equidad en la educación superior.
El Departamento de Educación informó sobre estas investigaciones luego de haber advertido que las instituciones que mantuvieran políticas basadas en la raza podrían perder financiamiento federal. La medida ha generado preocupación en varias universidades, especialmente aquellas vinculadas al Proyecto de Doctorado, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo aumentar la representación de grupos históricamente marginados en el ámbito empresarial.
Entre las universidades involucradas se encuentran tanto instituciones públicas de renombre como Arizona State y Ohio State, así como centros privados de prestigio como Yale, Cornell y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En respuesta, algunas universidades han reafirmado su compromiso con políticas de admisión abiertas a todos los candidatos, sin distinción de raza o etnia.
Además de las instituciones investigadas por su relación con el Proyecto de Doctorado, otras universidades han sido señaladas por la presunta aplicación de criterios raciales en la asignación de becas o la implementación de programas diferenciados según la raza. Esto ha llevado a que sindicatos docentes presenten demandas contra el Departamento de Educación, argumentando que las restricciones impuestas vulneran derechos fundamentales y podrían afectar la libertad académica.
Las investigaciones surgen en un contexto de cambios normativos tras una decisión de la Corte Suprema en 2023, que prohibió el uso de la raza como factor en los procesos de admisión universitaria. La administración ha interpretado este fallo como una prohibición más amplia, aplicable a todos los niveles educativos y a cualquier política que tome en cuenta la raza de los estudiantes. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes defienden la necesidad de estos programas y quienes consideran que podrían ser discriminatorios.
