Redacción
La detención de Nicolás Maduro marcó un punto de quiebre en la crisis venezolana y en la relación con Estados Unidos. El mandatario, en el poder desde 2013, quedó en el centro de una operación militar ejecutada en Caracas que derivó en su captura y traslado inmediato a territorio estadounidense, en un contexto de tensiones acumuladas por señalamientos de autoritarismo, violaciones a derechos humanos y presuntos vínculos con el narcotráfico.
La reelección presidencial de 2024 enfrentó cuestionamientos de la oposición y de observadores internacionales, lo que profundizó el aislamiento del gobierno venezolano. A ello se sumaron sanciones económicas y acusaciones de corrupción que agravaron la situación social y detonaron una crisis humanitaria, con una salida masiva de población hacia países de la región y Norteamérica.
Hacia finales de 2025, la relación bilateral con Washington se deterioró de forma acelerada bajo la administración de Donald Trump, quien endureció el discurso contra Caracas. El gobierno estadounidense acusó a Maduro de narcoterrorismo y de permitir que Venezuela operara como plataforma del tráfico de drogas, además de señalar intereses estratégicos vinculados al sector energético.
El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos desplegaron una operación en la capital venezolana. Durante la acción se reportaron bombardeos a instalaciones consideradas estratégicas y la captura de Maduro en su residencia. La intervención provocó explosiones en distintos puntos de Caracas y generó escenas de confusión, así como reportes preliminares de víctimas civiles.
Maduro fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, figura de influencia dentro del oficialismo. Ambos abordaron un vuelo militar con destino a Nueva York bajo estrictas medidas de seguridad. Imágenes difundidas tras el arribo mostraron al exmandatario esposado, mientras Flores permaneció custodiada por agentes federales.
La pareja quedó recluida en el Metropolitan Detention Center, centro penitenciario federal de alta seguridad. Fuentes cercanas al proceso indicaron que permanecieron en celdas separadas y bajo protocolos especiales. En ciudades como Nueva York y Miami se registraron concentraciones de venezolanos en el exilio, mientras en Caracas surgieron manifestaciones a favor y en contra de la detención.
Las imputaciones presentadas por fiscales estadounidenses incluyeron conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo, corrupción y posesión ilegal de armas. Un documento acusatorio desclasificado señaló la presunta participación de Maduro y Flores en la estructura conocida como “Cartel de los Soles”, con beneficios económicos derivados del trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la operación y reiteró el principio de no intervención. El gobierno mexicano calificó la acción como una violación a la soberanía venezolana y al derecho internacional, y llamó a privilegiar soluciones diplomáticas frente al uso de la fuerza.
El ex presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esa postura y cuestionó la estrategia de Washington. En declaraciones públicas, sostuvo que la intervención sentó un precedente riesgoso para la región y apeló a la tradición mexicana de neutralidad y respeto entre naciones.
A nivel internacional, las reacciones se dividieron. Gobiernos de América Latina, así como Rusia, Irán y Cuba, rechazaron la intervención y advirtieron sobre un impacto negativo en el orden global. La Organización de las Naciones Unidas llamó a la contención y al respeto del derecho internacional, mientras países aliados de Estados Unidos y sectores de la oposición venezolana respaldaron la detención.
